Colombia es el principal receptor de población migrante venezolana en el mundo, con 2.808.9051[1] personas que permanecen en su territorio. Además, el país se ha convertido en una ruta de tránsito para miles de migrantes que buscan llegar a la frontera con Panamá, registrando 302.203 personas en 2024.
En 2025 Chile revalidará la participación en los asuntos públicos, un derecho que consagran múltiples tratados y convenios internacionales. Este año habrá elecciones primarias (29/06), parlamentarias (16/11) y presidenciales (16/11 y 14/12 si nadie obtiene la mayoría absoluta en primera vuelta). Precisamente, el INDH no está ajeno al ejercicio de este derecho.
La Comisión Canadiense de Derechos Humanos (CHRC, por sus siglas en inglés) sigue preocupada por el hecho de que, en todo Canadá y en el mundo, las personas son cada vez más vulnerables a los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis climática. Para muchos jóvenes, el cambio climático es el tema que define su generación, y en Canadá, una gran mayoría de niños, niñas y jóvenes no solo están conscientes del problema, sino que también les preocupa profundamente.
Derecho de las personas migrantes
En el último tiempo, los procesos de movilidad humana masivos que se realizan mundialmente, han reformulado las políticas públicas respecto a seguridad, regularización migratoria e integración por parte de los Estados considerados como países tránsito o destino.
Los derechos políticos y electorales se encuentran expresamente reconocidos en nuestra Constitución Nacional en el Capítulo II bajo el título de “nuevos derechos y garantías” que contienen los derechos electorales, de los partidos políticos y los derechos de participación política como la iniciativa popular y la consulta popular.
El 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de preservar y promover las expresiones culturales que dan identidad a nuestras comunidades. El patrimonio cultural inmaterial no solo está formado por tradiciones o costumbres, sino por los conocimientos, prácticas y expresiones que se transmiten de generación en generación, y que son esenciales para el sentido de pertenencia y continuidad histórica de los pueblos.
Para prevenir la tortura es necesario dejar atrás los interrogatorios y transitar hacia las entrevistas de investigación. La tortura y el uso de prácticas ilegales e indebidas de interrogatorio están enraizadas en las fuerzas del orden, debido a diversos factores, como la presunción equivocada de que el maltrato y la coacción son necesarios para obtener confesiones o información.1 Estas prácticas profundamente lesivas son la antesala de privaciones de libertad arbitrarias y condenas erróneas. Los estudios revelan que cuanto mayor sea la coacción empleada en el interrogatorio, mayor será la probabilidad de que este culmine en una confesión falsa.2
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