En su labor de promoción, protección y defensa de los derechos Humanos que la Defensoría del Pueblo de Panamá (DDP) ha venido realizando en atención al monitoreo de las personas migrantes que ingresan por la frontera colombo panameña, se ha identificado que un 20% del total de la población migrante registrada por el Servicio Nacional de Migración, corresponde a niños, niñas y adolescentes.

Entre las competencias y atribuciones de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, los Principios de Paris hacen referencia a lo relacionado con la promoción y protección de los Derechos Humanos.

Las personas defensoras de Derechos Humanos son aquellas que actúan de forma coherente, consistente y consecuente en la promoción y protección de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las constituciones políticas de los Estados y en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.  A partir de esta conceptualización; una persona defensora del medio ambiente es considerada también defensora de derechos humanos, cuando de forma legítima, en carácter individual o colectivo, participa en la construcción de espacios orientados a la protección, preservación y conservación del medio ambiente y en el cumplimiento de la progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ecuador cuenta hoy con el Portal Nacional de Transparencia, una iniciativa desarrollada y promovida por la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE), que ejerce como institución rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública.

En un mundo donde continúa siendo un desafío la protección, promoción y defensa de los derechos humanos ante su constante vulneración, vemos al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como un mecanismo que se constituye como la esperanza.

Según el más reciente informe del estado de acreditación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Américas, de noviembre de 2023, la mayoría de las INDH, cuentan con un estatus de calificación “A” en su cumplimiento a los Principios de París. Sin embargo, existen instituciones que aún no han podido demostrar ante el Subcomité de Acreditación el cumplimiento total a los principios o incluso instituciones que no registran en el proceso.