En la misión de defensa y promoción de los derechos de las personas y la comunidad, con énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo de Perú ha venido realizando en atención al monitoreo de las personas defensoras de derechos humanos.

En relación a la atención consultas, petitorios y quejas, de conformidad con nuestros “Lineamientos de Actuación Defensorial frente a casos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos” y en coordinación con nuestras Oficinas y Módulos Defensoriales, durante los años 2020 y 2023, hemos atendido 232 casos de ataques, amenazas y vulneraciones a personas defensoras de derechos humanos, siendo las regiones de Madre de Dios, Amazonas, Huánuco, Ucayali, Lima y Loreto las de mayor incidencia. 

En este contexto, resulta preocupante que las personas que defienden el medio ambiente y los pueblos indígenas sean los más expuestos al riesgo. En los casos atendidos, hemos identificado que el problema estructural principal en las situaciones de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos es la presencia de actividades ilegales como: minería ilegal, tala ilegal, deforestación, narcotráfico, así como la inseguridad jurídica territorial.

De manera aún más alarmante, observamos que las situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos no han mejorado. Desde nuestra institución, durante el 2023 hemos conocido de tres casos de presuntos homicidios en las regiones de Piura, Junín, y San Martín, y uno en el 2024 en la región de Madre de Dios, estas se habrían realizado como represalia a su labor en la defensa de territorios ancestrales y del medio ambiente.

En este contexto alarmante, subrayamos que en el Perú la situación de las personas defensoras de derechos humanos es crítica. Por tanto, es necesario que todas las instituciones del Estado para que actúen frente a la persistencia de dificultades en la efectivización de las medidas de protección, tanto en el marco de las garantías personales como en el ámbito del Mecanismo Intersectorial, así como en las investigaciones y procesos judiciales. Además, resaltamos la necesidad de una mayor coordinación entre las entidades públicas competentes y la asignación de presupuesto para adoptar acciones o medidas de protección frente a ataques que afecten la seguridad personal y la vida de este grupo de especial protección, considerándolo como una de las principales limitaciones.

Aunado a ello, venimos insistiendo en la necesidad imperante de contar con una Ley de Personas Defensoras de Derechos Humanos en el país, vinculante para todas las entidades del Estado, con obligaciones definidas y asignación de presupuesto específico. Esto permitirá prevenir, reconocer, proteger y garantizar el acceso a la justicia para este grupo de especial protección, abordando los problemas estructurales que lo aquejan. Asimismo, instamos a la incorporación del Acuerdo de Escazú al ordenamiento jurídico nacional, siendo un tratado fundamental de derechos humanos para la protección de los defensores ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas.

En 2023, en la línea temática de personas defensoras de derechos humanos, hemos realizamos supervisiones a 27 Prefecturas y Subprefecturas, 12 Fiscalías, 01 Comisaría y 01 sede de la Defensa Pública, en las regiones de Amazonas, Huánuco, Madre de Dios y Ucayali. Teniendo como objetivo verificar el cumplimiento de los deberes de la administración pública en relación con este grupo de especial protección.

En esa línea, se llevó a cabo 14 capacitaciones en diversas regiones del país, con un enfoque especial en fortalecer el conocimiento sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos, estas estuvieron principalmente dirigidas a fiscales, subprefectos, comisarías, líderes y pobladores de comunidades nativas, y sociedad civil.

Participamos en las Mesas Regionales para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, ello nos permite realizar el seguimiento de casos, alertar sobre situaciones de riesgo y coordinar con las autoridades de las regiones, organizaciones indígenas y de sociedad civil con el fin de neutralizar o mitigar los riesgos que afrontan las PDDH.

Como institución, llevamos a cabo un seguimiento continuo de los problemas que afrontan las personas defensoras de derechos humanos, en colaboración con la Unión Europea. En línea con esto, para el año 2024, tenemos programada una supervisión a nivel nacional de las Subprefecturas distritales para evaluar la implementación del "Protocolo de atención para el procedimiento del otorgamiento de garantías personales a las personas defensoras de derechos humanos".

Josué Manuel Gutiérrez Cóndor
Defensor del Pueblo de Perú