Los derechos políticos y electorales se encuentran expresamente reconocidos en nuestra Constitución Nacional en el Capítulo II bajo el título de “nuevos derechos y garantías” que contienen los derechos electorales, de los partidos políticos y los derechos de participación política como la iniciativa popular y la consulta popular.
El 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de preservar y promover las expresiones culturales que dan identidad a nuestras comunidades. El patrimonio cultural inmaterial no solo está formado por tradiciones o costumbres, sino por los conocimientos, prácticas y expresiones que se transmiten de generación en generación, y que son esenciales para el sentido de pertenencia y continuidad histórica de los pueblos.
Para prevenir la tortura es necesario dejar atrás los interrogatorios y transitar hacia las entrevistas de investigación. La tortura y el uso de prácticas ilegales e indebidas de interrogatorio están enraizadas en las fuerzas del orden, debido a diversos factores, como la presunción equivocada de que el maltrato y la coacción son necesarios para obtener confesiones o información.1 Estas prácticas profundamente lesivas son la antesala de privaciones de libertad arbitrarias y condenas erróneas. Los estudios revelan que cuanto mayor sea la coacción empleada en el interrogatorio, mayor será la probabilidad de que este culmine en una confesión falsa.2
En el 2019, nace la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica con el objetivo de formar profesionales que integren el enfoque de sostenibilidad y, a la vez, contribuir a reducir las brechas de acceso a la justicia ambiental[1]. Este doble objetivo responde al modelo de Clínicas Jurídicas Ambientales, a través del cual estudiantes universitarios, con la asesoría y acompañamiento de los docentes, identifican casos reales de interés público en materia ambiental y desarrollan estrategias legales de intervención en diálogo con los actores involucrados y/o comunidades afectadas[2].
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su primera sentencia relativa a los derechos de las personas migrantes y los controles migratorios en las Américas. El tribunal determinó, en Vélez Loor contra Panamá, que el Estado panameño había incurrido en torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del migrante ecuatoriano, Jesús Vélez Loor. La Corte razonó que la detención del señor Vélez Loor por la comisión de “delitos” migratorios violentaba, también, sus derechos a la libertad e integridad personales, siendo él una persona migrante en condición irregular.
One of the significant transformations brought by the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons is the crystallization of the paradigm shift regarding old age, moving from a purely assistance-based approach to centering older persons as autonomous and independent rights holders. An important aspect of autonomy in old age is economic independence, which translates into a clear reality: older persons require a pension to live with dignity.
En América, las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente enfrentan circunstancias sumamente difíciles. La violencia es una constante en sus vidas, ya que son blanco de amenazas, agresiones y, en casos extremos, asesinatos. Este escenario se agrava en zonas rurales, donde la ausencia de institucionalidad y la falta de acompañamiento del Estado aumentan su vulnerabilidad. A pesar de su incansable labor por proteger los derechos de las comunidades y el medio ambiente, muchas veces trabajan en solitario, sin el respaldo necesario para llevar adelante sus luchas.
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