Para prevenir la tortura es necesario dejar atrás los interrogatorios y transitar hacia las entrevistas de investigación. La tortura y el uso de prácticas ilegales e indebidas de interrogatorio están enraizadas en las fuerzas del orden, debido a diversos factores, como la presunción equivocada de que el maltrato y la coacción son necesarios para obtener confesiones o información.¹ Estas prácticas profundamente lesivas son la antesala de privaciones de libertad arbitrarias y condenas erróneas. Los estudios revelan que cuanto mayor sea la coacción empleada en el interrogatorio, mayor será la probabilidad de que este culmine en una confesión falsa.²

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su primera sentencia relativa a los derechos de las personas migrantes y los controles migratorios en las Américas. El tribunal determinó, en Vélez Loor contra Panamá, que el Estado panameño había incurrido en torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del migrante ecuatoriano, Jesús Vélez Loor. La Corte razonó que la detención del señor Vélez Loor por la comisión de “delitos” migratorios violentaba, también, sus derechos a la libertad e integridad personales, siendo él una persona migrante en condición irregular.

Pension systems must ensure a dignified old age in the region

One of the significant transformations brought by the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons is the crystallization of the paradigm shift regarding old age, moving from a purely assistance-based approach to centering older persons as autonomous and independent rights holders. An important aspect of autonomy in old age is economic independence, which translates into a clear reality: older persons require a pension to live with dignity.