Defensoría del Pueblo Colombia
De esta manera se constituye en autoridad estatal, cuya misión consiste en el control de la actividad de la institucionalidad pública y de algunos particulares a quienes se les ha delegado funciones de carácter público, respecto de los derechos fundamentales y las garantías para ejercerlos, para lo cual se le ha surtido de procedimientos flexibles, informales y expeditos para desempeñar sus acciones y tareas. La finalidad del ente Defensorial es la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. La Defensoría del Pueblo se instituye, entonces, como el organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio nacional como de los colombianos residentes en el exterior. |
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La entidad nacional que propende por la promoción, divulgación, defensa y garantía de los derechos humanos felicita a la abogada constitucionalista Iris Marín Ortiz, luego de ser elegida como Defensora del Pueblo en el pleno de la Cámara de Representantes, para iniciar su periodo constitucional de cuatro años a partir del próximo primero de septiembre.
Teniendo presente las variables diferenciadoras de edad, sexo, género, etnia, diversidad funcional e identidades y orientaciones sexuales en los diferentes territorios, de cara al proceso de envejecimiento demográfico que enfrenta Colombia, la Defensoría del Pueblo llama a las y los tomadores de decisiones de fondo, en calidad de funcionarios con mando territorial, a posicionar en sus agendas públicas y con carácter prioritario los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores.
La Defensoría del Pueblo insta al Gobierno Nacional y a las entidades competentes a promover el respeto y la garantía del derecho a un medioambiente sano en la extensa región selvática del sur del país. El llamado refuerza una acción similar realizada a mediados de abril pasado, cuando, en colaboración con miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, emitió la Alerta Temprana (AT) FIO 001, con el objetivo de hacerle frente a la deforestación en el bioma amazónico.
Cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dan cuenta de una pérdida de 40.219 hectáreas (ha) de bosques en el primer trimestre del 2024. Es decir, 12.042 ha más en comparación con el mismo periodo del 2023, lo que equivale a un aumento del 42,73%. El departamento del Meta presentó el mayor incremento, con 12.598 ha; le siguieron Caquetá, con 11.583 más, y Guaviare, con un aumento de 4098 ha. En contraste, Putumayo mostró una reducción de 1976 ha deforestadas.
Dos factores claves han generado el aumento: en primer lugar, la temporada seca impulsada por la rudeza del fenómeno El Niño, lo que ha facilitado la tala y quema de bosques; en segundo lugar, la presencia de grupos armados al margen de la ley que obstaculizan la implementación y el avance de los programas de restauración y conservación.
Por tal razón, la Defensoría del Pueblo conmina al Gobierno central a actuar con celeridad, determinación y liderazgo, a trabajar articuladamente con la institucionalidad competente, fortalecer la gestión ambiental y proteger los recursos naturales, con el fin de evitar más dilaciones en el cuidado de tan vital ecosistema, así como poner en marcha medidas concretas y decisivas para controlar el preocupante aumento de la deforestación.
Las comunidades indígenas y locales son las principales víctimas del aumento de la deforestación, ya que la problemática afecta el medioambiente e impacta su vida, seguridad y dignidad y pone en riesgo la efectividad de sus derechos.
La AT 001 de la FIO, como documento defensorial de prevención y advertencia, tiene como objetivo principal contribuir a la identificación de soluciones integrales a los desafíos socioambientales en la Amazonía. Por lo tanto, es esencial una coordinación efectiva y una articulación del Ejecutivo, con el propósito de frenar el progreso de la deforestación, entre otras problemáticas.
Es preciso que las entidades del Sistema Nacional Ambiental trabajen en conjunto para mitigar los impactos que afectan la calidad de vida de las comunidades que dependen del vasto ecosistema en el suroriente de Meta, sur del Vichada y en la totalidad del territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.
Las medidas de seguridad asignadas por la Unidad Nacional de Protección a las víctimas del conflicto armado interno no están siendo eficaces para protegerlas de ataques armados, especialmente en los territorios de difícil acceso.
Proyecto de reforma a la Ley 1448 de 2011, presentado por la Defensoría y el cual pasó a la Comisión Primera de la Cámara, tiene justamente como finalidad que sean garantizados los derechos, como a la vida, seguridad e integridad, de quienes han padecido el rigor del conflicto.
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La labor de vigilancia al poder público, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se amplió gracias a la creación de la figura del Defensor del Pueblo, especialmente, en cuanto a protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos. Mediante los artículos 281 y 282 de la Constitución, se estructuraron las características, facultades y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, como proyección y desarrollo de la concepción del Estado Social de Derecho.