La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por las persistentes desigualdades que padecen las mujeres campesinas y rurales en el país en el acceso a la tierra, la educación, la salud y la participación política.

En 2024, el 24,4 % de los hogares rurales con jefatura femenina registraron pobreza multidimensional, frente al 23,4 % de los hogares rurales con jefatura masculina, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

También el año anterior, el 59,68 % de las víctimas de violencia con lesiones no fatales de causa externa en zonas rurales fueron mujeres (dato del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses).

• A pesar de su rol fundamental en la economía y el cuidado, sufren mayor pobreza, son víctimas frecuentes de violencia y tienen un acceso limitado a la tierra, la educación, la salud y la participación política.
• Solo el 36,3 % de los predios rurales tiene como titulares a estas mujeres, y la mayoría son minifundios.
• Además, dedican significativamente más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres.
• Por lo tanto, la entidad garante de los derechos humanos enfatiza sobre la necesidad de que sea actualizada la legislación y fortalecidas las organizaciones de mujeres campesinas, para garantizar que sus voces sean escuchadas y sus condiciones de vida, mejoradas.

Población femenina rural

Colombia cuenta con 10,2 millones de personas que se identifican como campesinas; de ellas, 4,9 millones son mujeres (el 48,8% de ese grupo poblacional), según cifras del Dane.

Las mujeres campesinas desempeñan un rol determinante en la agricultura y la economía rural, ya que lideran proyectos productivos y contribuyen a las labores de economía del cuidado; sin embargo, aún enfrentan situaciones de violencia, desplazamiento forzado, entre otras situaciones.

Tanto las mujeres campesinas como las dedicadas a actividades de la pesca desempeñan un papel crucial en la economía campesina, familiar y comunitaria.

Dificultades en el acceso a la tierra y trabajo no remunerado

La propiedad de la tierra sigue siendo el principal obstáculo para la plena realización de los derechos de las mujeres. En el 63,7 % de los predios con único propietario figura un hombre como titular, atendiendo a datos estadísticos del 2021, y únicamente el 36,3 % estaba en cabeza de mujeres. Otro dato que llama la atención de la Defensoría del Pueblo, es que el 72,1 % de la propiedad rural de las mujeres corresponde a predios de menos de tres hectáreas.

El 93,1 % de las mujeres que habitan en centros poblados y en zonas rurales dispersas, a partir de los diez años participan en trabajos no remunerados, mientras que, para el caso de los hombres, ocurre en el 56,9 % de los casos (Encuesta nacional de uso del tiempo, Dane 2021).

“A pesar de los esfuerzos que se han hecho desde la institucionalidad de figuras novedosas, como la de restitución de tierras, que ordena titular tanto al hombre como a la mujer, sigue habiendo una propiedad rural que está principalmente en cabeza de hombres, a pesar del aporte y el trabajo de las mujeres al campo. Esto quiere decir que los grandes latifundios o propiedades más extensas de tierras están en cabeza de hombres”, enfatizó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Poca participación en la toma de decisiones

Solo el 0,6% de las mujeres campesinas forma parte de un movimiento o partido político (Dane, 2023). Su participación política es clave en el fortalecimiento de la defensa de sus derechos y la promoción de políticas más inclusivas.

La invisibilidad de sus actividades no remuneradas, la ausencia de presencia estatal en el campo y la limitación en el acceso a ayudas son aspectos que dificultan su participación.

Llamado de la Defensoría del Pueblo

Dado el complejo panorama en el que están las mujeres rurales y teniendo en cuenta los actos conmemorativos del Día Nacional del Campesinado, la entidad garante de los derechos humanos insta a la institucionalidad gubernamental a implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres rurales.

Especialmente, urge la actualización de la Ley 731 de 2002 y su ajuste a la luz de las nuevas dinámicas de las territorialidades rurales, así como la debida reglamentación de las disposiciones, cuya finalidad es el mejoramiento de su calidad de vida.

Asimismo, es fundamental fortalecer las organizaciones de mujeres campesinas, con el propósito de que puedan defender sus derechos y participar en la toma de decisiones, en espacios de gobernanza ya constituidos. El fin es que su voz sea escuchada.

El reconocimiento a la mujer campesina y pescadora cobra mayor relevancia con el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional (Acto Legislativo 01 de 2023, que modifica el Artículo 64 de la Constitución Política), lo que exige un compromiso renovado para transformar sus condiciones de vida en el campo.

Las mujeres en el ámbito de la pesca se ocupan, sobre todo, de actividades de preparación de las faenas, pero no necesariamente están ocupadas en la retribución económica y la faena misma. Se dedican al procesamiento de los productos de pesca. La mayor proporción de estas mujeres está en la región Pacífica, con el 36 por ciento de la participación regional”, remarcó la Defensora del Pueblo.

Se hace oportuna la puesta en marcha de acciones que contribuyan a promover su empoderamiento en sus distintos roles y espacios de participación activa. Porque contribuir a su desarrollo equitativo, es un imperativo del Estado colombiano.

“Muchas de las normas, hoy en día, están reconociendo los derechos del campesinado. Han dado un impulso institucional normativo para que, cada vez más, las mujeres en el campo tengan un avance en todos sus derechos. Y, sobre todo, están las mujeres de organizaciones que luchan cada día y que, además de luchar, son ejemplo para miles de mujeres y para todo el campesinado de lo que es trabajar con amor, respeto, honor y dignidad por el campo”, concluyó la Defensora Iris Marín Ortiz, durante su intervención en un evento conmemorativo del Día Nacional del Campesinado, llevado a cabo en Barrancabermeja, Santander.