En el Perú las personas LGBTIQ han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, violencia y contravenciones a sus derechos fundamentales. Así, del resultado de la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos se tiene  que,  a la población LGBT se le percibe como la más discriminada entre los grupos vulnerables.^[1]

De acuerdo con el Censo Ecuador 2022, 270.970 personas mayores de 18 años se identificaron como parte de la población LGBTIQ+, lo que representa el 2,43 % de ese grupo poblacional. Dentro de ese total: 55 % se identificó como lesbianas, 36,1 % gays y 7,1 % como bisexuales.^[1]

Pese a los esfuerzos nacionales e internacionales para promover la igualdad y la no discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, Colombia ha sido señalado por la Red SinViolencia LGBTI^[1] como el país con el mayor índice de violencia por prejuicio en la región. A esto se suma el reciente llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)^[2], que en mayo de 2025 expresó su preocupación por la violencia contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, en particular contra mujeres trans en Colombia.

En Honduras, la población LGBTIQ+ enfrenta una desprotección estructural caracterizada por la falta de voluntad política, la impunidad y la violencia cultural. Entre 2020 y junio 2025, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) recibió 402 quejas^[1]  por vulneraciones a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, reflejando una discriminación persistente. El Observatorio KAI+^[2] documentó 579 muertes violentas de personas LGBTIQ+ entre 2004 y abril de 2025. Asimismo, la Red Lésbica Cattrachas^[3] registró 35 muertes violentas entre enero de 2024 y marzo de 2025; solo cinco casos fueron judicializados y apenas uno obtuvo sentencia condenatoria, evidenciando una impunidad superior al 90 %.

La Defensoría del Pueblo de la República del Perú es la institución nacional de derechos humanos encargada de velar por la protección de los derechos fundamentales, en los que se incluye el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. En efecto, de acuerdo a la vigente Constitución Política del Perú (1993), la ciudadanía debe elegir democráticamente a sus representantes, razón por la cual se trabaja enfocada en la necesidad que el proceso electoral se desarrolle sin cuestionamiento alguno, generando confianza a la población, además de trabajar aspectos puntuales de grupos vulnerables como las personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres gestantes, por ejemplo.

La degradación ambiental es uno de los desafíos más apremiantes de nuestra época. La contaminación del agua, el deterioro del suelo, la deforestación y los efectos del cambio climático amenazan el ejercicio pleno de los derechos humanos, especialmente de las comunidades más vulnerables. En este contexto, el derecho a un ambiente sano debe entenderse como una condición esencial para la vida digna y una responsabilidad compartida entre instituciones, ciudadanía y Estado.