Defensoría del Pueblo de la Nación
Según el artículo 86 de la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es decir que está facultado para presentarse en sede judicial, y es designado y removido por el H. Congreso de la Nación con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. El mismo durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. Además es la única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) Argentina reconocida por Naciones Unidas. Este reconocimiento fue efectuado con el status clase A, el mayor posible, por adecuarse a los Principios de París. La figura del Ombudsman proviene del derecho escandinavo y fue integrado al orden normativo argentino a través de la reforma constitucional de 1994. |
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Notas publicadas |
La Dirección Nacional de Migraciones respondió favorablemente una recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicando las estadísticas que produce sobre la migración en el país a través de su página web oficial.
La cifra total contempla 11 femicidios vinculados, 1 transfemicidio, 5 suicidios feminicidas y 7 femicidios relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
En cuanto a las características de las víctimas, se detectaron 21 víctimas menores de 18 años, incluyendo 8 menores de 12 años. La franja etaria más afectada es de 31 a 50 años.
La Defensoría del Pueblo de la Nación ha lanzado una investigación tras observar un aumento significativo en los casos reportados de "ciberludopatías" entre adolescentes, lo que plantea serias preocupaciones sobre su bienestar psicológico y desarrollo social. Este fenómeno se ha asociado con consecuencias como la disminución del rendimiento académico, alteraciones en el comportamiento y problemas de socialización.
En el marco de su Conferencia Anual celebrada en mayo pasado, más de 80 Instituciones Nacionales de Derechos Humanos adoptaron una Declaración Final sobre Empresas y Derechos Humanos: el papel y las experiencias de las INDH, comprometiéndose a redoblar sus esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos en relación con las actividades de las empresas, con especial atención a temas acuciantes como el cambio climático y las amenazas al espacio cívico online.
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