Defensoría del Pueblo de la Nación
Según el artículo 86 de la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es decir que está facultado para presentarse en sede judicial, y es designado y removido por el H. Congreso de la Nación con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. El mismo durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. Además es la única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) Argentina reconocida por Naciones Unidas. Este reconocimiento fue efectuado con el status clase A, el mayor posible, por adecuarse a los Principios de París. La figura del Ombudsman proviene del derecho escandinavo y fue integrado al orden normativo argentino a través de la reforma constitucional de 1994. |
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Notas publicadas |
La Defensoría del Pueblo de la Nación, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, acompaña las políticas públicas tendientes a lograr una vacunación que llegue a la totalidad de la población sin importar la capacidad económica de los habitantes ni el lugar donde viven, en un claro respeto por la dignidad y la igualdad; y para que nadie quede atrás.
El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2020 se registraron 243 víctimas de femicidio confirmadas, incluyendo 22 femicidios vinculados, 5 personas Trans y 2 suicidios feminicidas.
Defensoría Nacional realizó un encuentro virtual “Diálogos sobre Conducta Empresarial Responsable”, el cual fue apoyado por el Proyecto CERALC, proyecto que financia la Unión Europea, con el objetivo de presentar los principales instrumentos internacionales sobre conducta empresarial responsable como disparadores de futuras acciones entre el sector público y privado que tiendan a la promoción y adopción de una conducta empresarial responsable y pleno respeto de los derechos humanos generando la debida interrelación entre tales sectores.
El Congreso de la Nación Argentina aprobó la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como ‘’Acuerdo de Escazú’’, que fue adoptado el de marzo de 2018 por los países de América Latina y el Caribe conjuntamente, como el primer y único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.
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