El Congreso de la Nación Argentina aprobó la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como ‘’Acuerdo de Escazú’’, que fue adoptado el de marzo de 2018 por los países de América Latina y el Caribe conjuntamente, como el primer y único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.

La Defensoría del Pueblo de la Nación celebra que los legisladores argentinos hayan decidido priorizar la ratificación de este Acuerdo en la agenda parlamentaria, sobre todo en este particular contexto en el que está quedando en claro la gravedad de los efectos del cambio climático, como así también la estrecha vinculación existente entre un medio ambiente sano y el ejercicio de los derechos humanos.

Si bien queda pendiente la firma del Presidente de la Nación y el depósito del instrumento de ratificación ante las Naciones Unidas, con este acto Argentina se convirtió en el décimo país de la región en concretar la ratificación del Acuerdo de Escazú, y se necesita solamente uno más de América Latina y el Caribe para que entre en vigor. Por ahora, los países que adhirieron son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

El Acuerdo de Escazú es un nuevo instrumento de derechos humanos en América Latina y el Caribe de cara a los enormes desafíos que se repiten en la región, tales como el modelo de desarrollo, el extractivismo, la afectación de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, poblaciones ruarles, personas en situación de pobreza, la conflictividad social en torno a cuestiones ambientales y los derechos de los defensores ambientales.

Es, además, un tratado de carácter vinculante que fue concebido para promover y garantizar el derecho a acceder a la información ambiental, al derecho a la participación social y comunitaria en las decisiones ambientales el acceso a la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales que viven verdaderas situaciones de peligro en la región.

 “Éste es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. (…)  se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.” declara Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de CEPAL en el Prefacio del Acuerdo de Escazú.

Los derechos que regula este novedoso Acuerdo son materia de trabajo e investigación de la Defensoría desde hace muchos años. Como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) y en cumplimiento de la manda constitucional establecida en el Artículo 86, tiene entre sus facultades la de proteger y promocionar los derechos humanos, a la vez que un ambiente sano.

Esta ratificación, por tanto, incentiva a la Defensoría Nacional a redoblar los esfuerzos para contribuir con los poderes públicos a su acabado cumplimiento, para señalar fallas y mejoras en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental y para propender a un pleno ejercicio de los derechos humanos en nuestro país.