La directora del INDH, Consuelo Contreras, concurrió a esta sesión, en el contexto del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) que rinde el Estado de Chile.

• En total, 118 países intervinieron en la sesión. Está programado que este 3 de mayo el Comité de DD.HH. de la ONU adopte los primeros informes en el marco de este proceso.

• Entre otros alcances, los estados intervinientes formularon comentarios sobre la pena de muerte, los procesos judiciales por la crisis social, la consulta a los pueblos indígenas y el acceso a la salud.

El capítulo 6 del Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aborda el derecho a la identidad y la convivencia familiar ante los secuestros y adopciones irregularidades de niños y niñas en Chile. Se dice que el Estado aún no reconoce como víctimas a los adoptados ilegalmente entre las décadas de 1960 y de 1990, en Chile y el extranjero. Es más, refiere que se está lejos de contribuir a establecer la verdad o lograr reencuentros.

• El Informe detectó como primera dificultad la falta de armonización entre el marco normativo que creó Senapred y otros instrumentos, servicios y programas que deben utilizar las autoridades locales en una situación de desastre. Lo que genera demoras en la entrega de ayudas.
• La segunda dificultad está en cómo se implementa la nueva normativa. En especial, ésta no considera la asignación de recursos financieros y humanos que permitan a los municipios crear planes de emergencia y de reducción de riesgo de desastres, a fin de prepararse para estas amenazas.
• La tercera dificultad son los problemas para restablecer los medios de vida de las personas afectadas por un desastre. Se observa un acceso dispar a derechos como salud, educación o vivienda, especialmente en aquellas comunas pobres o con alta ruralidad.
• El Informe del INDH en Terreno por los incendios de Ñuble y Biobío mostró que la información sobre evacuación no fue debidamente socializada y así las personas quedaban a su arbitrio para decidir hacia dónde huir.
• El mismo informe destacó que las amenazas de megaincendios en Chile corresponden a la categoría más alta y peligrosa registrada hasta ahora, denominada de sexta generación. El comportamiento de estas amenazas supera los modelos de predicción y las capacidades de respuesta (como el uso de Tanker o Supertanker). Por ello es primordial enfocarse en planes defensivos y de prevención.
• El informe también señaló que el marco regulatorio forestal vigente en el país resulta débil e insuficiente para resguardar el medio ambiente y la biodiversidad, así como la vida y la seguridad de las personas que habitan los sectores aledaños a plantaciones forestales.