El tercer capítulo del Informe Anual del INDH aborda la “Situación de las Personas Defensoras de DD.HH.”. Sus datos cobran relevancia en vísperas del 8M, por cuanto entre las principales afectadas por realizar esta labor se encuentran las mujeres.

En sus 57 páginas, el tercer capítulo del Informe Anual 2024 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) repasa la “Situación de las Personas Defensoras de DD.HH.”. Si bien dice que hace poco se gestaron mecanismos para protegerlas a propósito del Acuerdo de Escazú, también indica que en el país ninguna institución registra capacitaciones sobre esta temática. Ello pese a que los datos preliminares revelan que en los últimos cinco años 71 personas estuvieron en situación de riesgo y 55 fueron amenazadas.

La situación cobra especial relevancia en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, por cuanto ellas son las más afectadas. En efecto, Katta Alonso, dirigenta de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví, en octubre de 2019 fue víctima de amenazas. Presentó su caso al INDH, que envió la denuncia al Ministerio Público, sin embargo la Fiscalía Local de Quintero decidió no investigar.

Además, hay tres defensoras del derecho humano de acceso al agua en Valparaíso que integran Modatima que han sufrido hostigamientos y amenazas. Resalta la situación de Lorena Donaire, quien en junio de 2022 fue víctima del incendio en su casa en La Ligua. Ella presentó una querella y el INDH una denuncia, lo que es actualmente investigado por el Ministerio Público.

Cifras desde 2018

Junto con analizar la situación de las personas que defienden los DD.HH. en el país, el capítulo también examina el cumplimiento de parte del Estado de sus obligaciones internacionales. Es útil tener presente que, según la organización internacional Front Line Defenders, Chile registra nueve muertes entre 2018 y 2023, una cifra reducida al compararla con el resto de la región, con 2 mil 106 fallecidos desde 2013. Este 2024 se cumplieron, por lo demás, 26 años de la Declaración de la ONU sobre personas defensoras de DD.HH.

El Informe identifica como un hito la promulgación (2022) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Conocido como Acuerdo de Escazú, es el primero de su tipo que consagra la protección a personas defensoras de DD.HH. En este marco, el país ejecuta ahora el Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú, que lidera el Ministerio del Medio Ambiente.

Los procesos participativos para confeccionar este plan permitieron tener un primer diagnóstico sobre la realidad de los defensores ambientales. Se vio que no existe reconocimiento a su labor, falta información para la actuación de los operadores de justicia y autoridades y no existen mecanismos que asesoren en procedimientos de denuncias por amenazas o agresiones.

Casos de amenazas

Además, el Informe del INDH recuerda que, en abril de 2024, la Comisión de Justicia Penal aprobó el Protocolo para la Protección de las Personas Defensoras de DD.HH., en cumplimiento de obligaciones específicas del Acuerdo de Escazú. En términos operativos, el documento establece un mecanismo de activación a cargo de la Subsecretaría de DD.HH. y cuando los hechos revistan carácter de delito, faculta al Ministerio Público a ejercer una serie de actuaciones.

Justamente, en el contexto de la elaboración del protocolo la Subsecretaría de DD.HH. hizo una consulta pública, que registró que 71 personas habían estado en situación de riesgo o temor y 55 habían sido amenazas en los últimos cinco años. En su mayoría se identificaba con el género femenino (47). Sólo 19 presentaron una denuncia formal, principalmente en el Ministerio Público.

Pese a estos elementos, el Informe Anual del INDH indica que actualmente en ninguna institución registra capacitaciones referidas a la temática específica de las personas defensoras de DD.HH. y sus derechos. De todos modos, también dice que, en agosto, el Ministerio Público presentó una guía investigativa que entre otros elementos toca la muerte de defensores de DD.HH., defensores ambientales, comunicadores o periodistas por parte de agentes del Estado.

Los principales peligros según Informe del INDH

El tercer capítulo del Informe Anual 2024 del INDH da cuenta además de los principales peligros y obstáculos vistos en Chile para la defensa de los DD.HH.

El más relevante son los atentados a la vida. Aquí se recuerda que en el país han ocurrido muertes donde no se ha podido probar participación de terceros: Nicolasa Quintremán y Juan Pablo Jiménez (2013), Macarena Valdés (2016), Alex Muñoz (2018) y Marcelo Vega (2019). En todos ellos, se ha denunciado la intervención de terceros, pero la justicia no ha podido constatarlo.

El Informe Anual también describe obstáculos, amenazas y hostigamientos de los que son sujetos los defensores de DD.HH. Si bien a nivel nacional no hay cifras oficiales de denuncias, la Fundación Escazú Ahora documenta 35 casos de amenazas en 2023. En enero de 2024, el Relator Especial de la ONU sobre obligaciones de DD.HH. relacionadas al disfrute de un medio ambiente sin riesgos David R. Boyd sostuvo en un informe que “defender los DD.HH. en Chile es una actividad de riesgo”.

Hostigamiento judicial

El Informe Anual 2024 del INDH destaca un mecanismo poco atendido que afecta a los defensores de DD.HH. Son las demandas estratégicas contra la participación pública. Se llaman SLAPP, por su nombre en inglés: Strategic Lawsuits Against Public Participation.

En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al país en el caso Baraona Bray versus Chile por hechos de mayo de 2004. En esa época el afectado dijo a la prensa que un senador de Los Lagos realizaba presiones para permitir la deforestación. Por estos hechos, fue condenado por el delito de injurias graves. La Corte IDH reprochó la utilización de acciones judiciales en vía penal para acallar la crítica y estableció que causó un efecto amedrentador

La Corte IDH ordenó a Chile adecuar el tipo penal de injurias contemplado en el Código Penal, es decir “establecer vías alternativas al proceso penal para la protección del honor de los funcionarios públicos respecto de opiniones relacionadas con su actuación en la esfera pública”.