Teniendo presente las variables diferenciadoras de edad, sexo, género, etnia, diversidad funcional e identidades y orientaciones sexuales en los diferentes territorios, de cara al proceso de envejecimiento demográfico que enfrenta Colombia, la Defensoría del Pueblo llama a las y los tomadores de decisiones de fondo, en calidad de funcionarios con mando territorial, a posicionar en sus agendas públicas y con carácter prioritario los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores.

En 1994, por cada 100 hombres y mujeres, siete eran personas mayores, mientras que para 2024 la cifra, también por la misma tasa de personas, asciende a 15 personas mayores y se proyecta continuar en aumento. En este escenario se vuelve esencial que los diferentes sistemas de atención, el Estado en su conjunto y la sociedad misma adelanten las adecuaciones normativas, de política pública y de servicios sociales para brindarle atención especializada, diferencial, oportuna, de calidad y en garantía de derechos a la población mayor.

El 64% está en los estratos 1 y 2. De otra parte, solamente una de cada diez personas mayores en las zonas rurales se pensiona. Los datos reflejan la magnitud de la desprotección que enfrentan y expresan la necesidad urgente de poner en marcha acciones que garanticen efectivamente sus derechos.

En el ‘Encuentro de saberes en torno a las vejeces’, organizado por la Defensoría del Pueblo, la entidad nacional de derechos humanos hizo un contundente llamado para que el Estado colombiano, en corresponsabilidad con la sociedad y las familias, redoble los esfuerzos que permitan eliminar la discriminación por edad y las violencias que diariamente enfrentan las personas mayores en sus múltiples expresiones, como la física, psicológica, verbal, emocional, abuso sexual, económica, financiera y patrimonial e institucional y estructural.

El espacio, que además contó con la participación y el aporte de población mayor, permitió suscitar reflexiones sobre la situación de desprotección que enfrenta, sin perder de vista sus capacidades y la gran contribución que le dan a las familias y la sociedad.

Durante el evento fue presentada una cartilla como herramienta pedagógica, la cual busca reducir y eliminar el desconocimiento que los tomadores de decisiones tienen sobre el proceso de envejecimiento, las vejeces y sus derechos, y que aún hoy persiste de manera generalizada y sistemática en todo el territorio nacional.

La ‘Cartilla ABC para la toma de decisiones’, que contiene siete preguntas y respuestas en clave de derechos de la vejez, está dirigida principalmente a quienes están al frente de alcaldías, gobernaciones y demás entidades territoriales, con el propósito de que, en cumplimiento de sus funciones, tengan en cuenta la normativa vigente y datos primordiales que guíen la toma de decisiones, la formulación e implementación de políticas públicas y la puesta en marcha de acciones con enfoque de derechos humanos para la protección de las personas mayores.

A fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, el Estado tiene la obligación de velar por que ese grupo poblacional, al constituirse como sujeto de especial protección constitucional, tenga asegurado el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.