La Defensoría del Pueblo insta al Gobierno Nacional y a las entidades competentes a promover el respeto y la garantía del derecho a un medioambiente sano en la extensa región selvática del sur del país. El llamado refuerza una acción similar realizada a mediados de abril pasado, cuando, en colaboración con miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, emitió la Alerta Temprana (AT) FIO 001, con el objetivo de hacerle frente a la deforestación en el bioma amazónico.

Cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dan cuenta de una pérdida de 40.219 hectáreas (ha) de bosques en el primer trimestre del 2024. Es decir, 12.042 ha más en comparación con el mismo periodo del 2023, lo que equivale a un aumento del 42,73%. El departamento del Meta presentó el mayor incremento, con 12.598 ha; le siguieron Caquetá, con 11.583 más, y Guaviare, con un aumento de 4098 ha. En contraste, Putumayo mostró una reducción de 1976 ha deforestadas.

Dos factores claves han generado el aumento: en primer lugar, la temporada seca impulsada por la rudeza del fenómeno El Niño, lo que ha facilitado la tala y quema de bosques; en segundo lugar, la presencia de grupos armados al margen de la ley que obstaculizan la implementación y el avance de los programas de restauración y conservación.

Por tal razón, la Defensoría del Pueblo conmina al Gobierno central a actuar con celeridad, determinación y liderazgo, a trabajar articuladamente con la institucionalidad competente, fortalecer la gestión ambiental y proteger los recursos naturales, con el fin de evitar más dilaciones en el cuidado de tan vital ecosistema, así como poner en marcha medidas concretas y decisivas para controlar el preocupante aumento de la deforestación.

Las comunidades indígenas y locales son las principales víctimas del aumento de la deforestación, ya que la problemática afecta el medioambiente e impacta su vida, seguridad y dignidad y pone en riesgo la efectividad de sus derechos.

La AT 001 de la FIO, como documento defensorial de prevención y advertencia, tiene como objetivo principal contribuir a la identificación de soluciones integrales a los desafíos socioambientales en la Amazonía. Por lo tanto, es esencial una coordinación efectiva y una articulación del Ejecutivo, con el propósito de frenar el progreso de la deforestación, entre otras problemáticas.

Es preciso que las entidades del Sistema Nacional Ambiental trabajen en conjunto para mitigar los impactos que afectan la calidad de vida de las comunidades que dependen del vasto ecosistema en el suroriente de Meta, sur del Vichada y en la totalidad del territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

• Promover el respeto y la garantía del derecho a un medioambiente sano en la región amazónica, con la finalidad de que las comunidades indígenas y locales no vean impactados negativamente sus derechos a la vida, integridad, seguridad, entre otros derechos humanos, se hace necesario en estos momentos, máxime que las cifras oficiales reflejan una pérdida que supera las 40.000 hectáreas de bosques en los primeros tres meses del año.
• La Defensoría del Pueblo, igualmente, exhorta al Gobierno Nacional a actuar con celeridad, determinación y liderazgo, a trabajar articuladamente con la institucionalidad competente, fortalecer la gestión ambiental, proteger los recursos naturales y promover la participación para preservar el ecosistema amazónico, tal como lo recoge la Alerta Temprana FIO 001, emitida hace dos meses