En América, las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente enfrentan circunstancias sumamente difíciles. La violencia es una constante en sus vidas, ya que son blanco de amenazas, agresiones y, en casos extremos, asesinatos. Este escenario se agrava en zonas rurales, donde la ausencia de institucionalidad y la falta de acompañamiento del Estado aumentan su vulnerabilidad. A pesar de su incansable labor por proteger los derechos de las comunidades y el medio ambiente, muchas veces trabajan en solitario, sin el respaldo necesario para llevar adelante sus luchas.

Las violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas defensoras no provienen únicamente del Estado. Las empresas, especialmente las multinacionales dedicadas al extractivismo minero, también juegan un papel crucial en esta problemática. Estas entidades, motivadas por intereses económicos, a menudo despojan a las comunidades de sus tierras y recursos, sin consideración por los derechos y el bienestar de las personas que allí habitan. La complicidad entre sectores privados y autoridades gubernamentales exacerba esta situación, dejando a las personas defensoras en una posición extremadamente precaria.

Es importante destacar que ciertas poblaciones defensoras son aún más vulnerables a estas violaciones debido a su género, edad y origen étnico. Las mujeres defensoras, los jóvenes y las comunidades indígenas enfrentan niveles desproporcionados de violencia y discriminación. Esta realidad subraya la necesidad de enfoques diferenciados y específicos para la protección de estos grupos, asegurando que sus voces y experiencias sean plenamente reconocidas y defendidas.

El Estado tiene la responsabilidad de desarrollar normativa y políticas públicas que garanticen la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas defensoras. La implementación de marcos legales robustos y programas de protección efectivos es esencial para salvaguardar a quienes están en la primera línea de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Es imperativo que estas medidas se diseñen con la participación activa de las personas defensoras y las comunidades afectadas, asegurando que sus necesidades y perspectivas sean incorporadas.

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) tienen un mandato crucial en la defensa de las personas defensoras. Es fundamental que estas instituciones cuenten con una estructura y organización interna adecuadas para acompañar y apoyar el trabajo de las personas defensoras. Esto incluye la coordinación con la sociedad civil y el establecimiento de vínculos sólidos con las entidades estatales responsables de la protección de los derechos humanos. Solo a través de un esfuerzo concertado y colaborativo se podrá garantizar un entorno seguro y propicio para la labor vital de las defensoras y defensores de derechos humanos y del medio ambiente en América.

Ramiro Rivadeneira Silva

Ex Defensor del Pueblo del Ecuador