En 2025 Chile revalidará la participación en los asuntos públicos, un derecho que consagran múltiples tratados y convenios internacionales. Este año habrá elecciones primarias (29/06), parlamentarias (16/11) y presidenciales (16/11 y 14/12 si nadie obtiene la mayoría absoluta en primera vuelta). Precisamente, el INDH no está ajeno al ejercicio de este derecho.
Desde 2012 el Instituto ha abogado por hacer efectiva la participación electoral de las personas privadas de libertad, bajo el principio de que una imposición de esta naturaleza no afecta otros derechos, inherentes a la persona. Así, después de mucho bregar, a partir de 2022 fue posible que el Estado constituyera mesas de votación en las cárceles.
Observamos dos de esos actos: el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 y la elección de los miembros del Consejo Constitucional del 7 de mayo de 2023. Esto nos permitió constatar la falta de acceso a la información por parte de la población penal y concluimos que Chile carece de una política estatal que facilite el cumplimiento del acceso a un voto informado. Hicimos una serie de recomendaciones, como promover la participación electoral y el valor del voto.
Nuestro interés en el ejercicio de este derecho nos hace atender al proyecto de ley, actualmente en debate en el Senado, en que mediante algunas correcciones el Ejecutivo plantea reformar la ley de Votaciones Populares y Escrutinios. Dos elementos requieren análisis profundo. De un lado, podría restringir el derecho de participación de las personas migrantes sólo a las elecciones municipales y los plebiscitos comunales. Del otro, busca regularizar una situación que hoy ocurre de hecho: las facilidades para que las personas mayores o problemas de movilidad puedan votar en los primeros pisos de los centros electorales.
La primera medida podría resentir derechos de las personas migrantes, mientras la segunda es un avance para grupos de especial protección.
Consuelo Contreras Largo
Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile
