Colombia es el principal receptor de población migrante venezolana en el mundo, con 2.808.9051^[1] personas que permanecen en su territorio. Además, el país se ha convertido en una ruta de tránsito para miles de migrantes que buscan llegar a la frontera con Panamá, registrando 302.203 personas en 2024.

Recientemente evidenciamos que migrantes que habían cruzado hacia Panamá ahora enfrentan un flujo inverso, con 476 personas manifestando su intención de regresar a sus países de origen, entre ellas 97 niños, niñas y adolescentes (NNA), y 83 menores de edad no acompañados^[2]. Por otro lado, desde enero hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha brindado acompañamiento a 943 connacionales deportados desde Estados Unidos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha orientado su Planeación Estratégica Institucional 2025-2028 en el marco del decálogo^[3] de la Defensora del Pueblo, que prioriza como una las principales crisis de derechos humanos a atender, la de la Migración Transfronteriza en el Darién. Así, buscamos fortalecer nuestra capacidad y las alianzas de cooperación internacional para promover políticas que garanticen una migración segura, ordenada y regular.

Es fundamental continuar trabajando hacia la implementación de políticas inclusivas, impactar en los vacíos de protección y barreras de acceso que impiden a la población en Movilidad Humana ejercer plenamente sus derechos. Desde esta INDH hacemos un llamado a que podamos continuar fortaleciendo la cooperación regional a través de estrategias que nos permitan poder hacer frente a la protección de los derechos de la población migrante.

Resaltamos la labor de la RINDHCA en profundizar en el rol que tienen las INDH para hacer frente a esta situación a través de la implementación del nuevo plan estratégico regional que se viene desarrollando en el contexto del Proceso de Cartagena +40. Asimismo, desde la Federación Iberoamericana del Ombudsperson – FIO, venimos coordinando la Red de Movilidad Humana y contra la Trata de personas en el marco de la cual hemos concertado un plan de trabajo articulado a las necesidades de la región.

En este orden de ideas, animo a que en estos espacios potenciemos el llamado a los estados adoptar un enfoque interseccional para la protección de esta población así como se hace necesario que se recopilen y usen datos exactos y desglosados para formular políticas públicas que garanticen el derecho a una migración segura, ordenada y regular, teniendo en cuenta las necesidades particulares de migrantes en situación de vulnerabilidad; garantizando el derecho de las personas migrantes a ejercer sus derechos.

Migrar es un derecho y las personas en movilidad humana tienen derechos.

Iris Marín Ortiz
Defensora del Pueblo de Colombia

^[1] Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, agosto 2024

^[2] Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, febrero 15 2025

^[3] https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3077318/PEI_Defensori%CC%81a_2025-2028.pdf/831aefef-943a-84e4-35e2-ba9eb0b265af?t=1738001464487