Los derechos políticos y electorales se encuentran expresamente reconocidos en nuestra Constitución Nacional en el Capítulo II bajo el título de “nuevos derechos y garantías” que contienen los derechos electorales, de los partidos políticos y los derechos de participación política como la iniciativa popular y la consulta popular.

Argentina cuenta con un sistema democrático que se ha visto robustecido con el devenir de los años, en especial con la vuelta de la democracia en 1983 por lo que el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales se encuentran garantizados por el Estado y validados por la sociedad.

No obstante, existen casos aislados donde resulta necesario remover los obstáculos para hacer verdaderamente efectiva la realización de tales derechos, y allí es donde la Defensoría del Pueblo de la Nación toma intervención para subsanar el inconveniente que obstruye el goce pleno del derecho en cuestión.

Los temas más frecuentes de consulta, previo al desarrollo de las elecciones, están relacionados a inconvenientes en el registro del padrón electoral ya sea por omisión en los padrones electorales o bien porque se consignaron datos erróneos en los mismos. Asimismo, intervenimos en casos donde el impedimento surge ante la imposibilidad de acreditar identidad por perdida o sustracción del DNI donde la intervención consiste en acelerar los procesos para la entrega del ejemplar.

Finalmente, por Ley 24.747 el Defensor del Pueblo de la Nación realiza la verificación de los términos de un proyecto de ley originado en la iniciativa popular, previo al procedimiento de recolección de firmas (art. 6).