Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional. Nuestra misión, defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado. La Defensoría del Pueblo es, pues, un colaborador crítico del Estado que actúa, con autonomía, respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. |
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Notas publicadas |
La norma contraviene el monopolio del uso de la fuerza del Estado en seguridad ciudadana y afecta derechos de los pueblos indígenas.
Tras anuncio del Congreso de la República sobre incorporar cambios a la norma, es necesario consultar a las comunidades y convocar especialistas.
La defensora del pueblo, Eliana Revollar y el adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo participaron en la IV Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos, realizada en Quito, Ecuador, donde se enfatizó la necesidad de evaluar el alcance del procedimiento de regularización y que el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) sea reconocido por las entidades públicas y privadas, para garantizar la integración real de esta comunidad a la sociedad peruana.
Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Madre Tierra, la Defensoría del Pueblo insta a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a retomar el debate del proyecto de aprobación legislativa del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, considerando que la entrada en vigor a nivel internacional se produjo hace un año. Asimismo, exhorta a que se emita dictamen favorable a fin de que sea trasladado para su aprobación final por el Pleno del Congreso.
Frente a los últimos hechos de violencia sexual cometidos hacia niñas, niños y adolescentes y las recientes propuestas de aplicar nuevas penas para agresores sexuales, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:
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