La defensora del pueblo, Eliana Revollar y el adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo participaron en la IV Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos, realizada en Quito, Ecuador, donde se enfatizó la necesidad de evaluar el alcance del procedimiento de regularización y que el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) sea reconocido por las entidades públicas y privadas, para garantizar la integración real de esta comunidad a la sociedad peruana.

En efecto, durante este evento que reunió a representantes de las instituciones nacionales de Derechos Humanos de 21 países de Latinoamérica, la Defensoría del Pueblo resaltó que Perú es el segundo país sudamericano que acoge al mayor número de personas venezolanas en la región, siendo la capital, Lima, la ciudad que alberga a gran parte de esta población. En este contexto, se mencionaron los esfuerzos realizados por el Estado peruano para facilitar su regularización migratoria con la emisión de documentos como el CPP.

Asimismo, la defensora del pueblo destacó la labor que cumplen las instituciones nacionales de derechos humanos en la defensa y protección de la población en situación de movilidad internacional. En ese sentido, se indicó que los países de acogida deben garantizar un mecanismo de regularización migratoria permanente y accesible. Asimismo, todos los documentos emitidos, como resultado de dicho procedimiento, deben permitir el ejercicio pleno de derechos.

Agregó que las defensorías del pueblo deben mantenerse vigilantes ante la construcción de discursos que promueven la criminalización de la migración irregular, la discriminación y la xenofobia; así como, de situaciones que vulneren las garantías del debido proceso y los principios de no devolución, interés superior del niño y unidad familiar.

La participación de la Defensoría del Pueblo de Perú culminó con la suscripción de la Declaración de la IV Cumbre Iberoamericana sobre Migración y Derechos Humanos, en la cual los miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) ratifican su compromiso de prevenir e identificar las violaciones de derechos humanos, fortalecer la protección de aquellas personas que se encuentran en situación de movilidad humana y promover el ejercicio de sus derechos.