Al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Madre Tierra, la Defensoría del Pueblo insta a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República a retomar el debate del proyecto de aprobación legislativa del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, considerando que la entrada en vigor a nivel internacional se produjo hace un año. Asimismo, exhorta a que se emita dictamen favorable a fin de que sea trasladado para su aprobación final por el Pleno del Congreso.

De acuerdo a lo manifestado por la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (Amasppi) de la Defensoría del Pueblo, pese a los múltiples beneficios que podría generar a nuestro país la aprobación legislativa de dicho acuerdo, así como a la insistencia de los pedidos formulados por diversas instituciones, entre las que se encuentra la Defensoría del Pueblo, en octubre de 2020, dicha comisión decidió archivar el proyecto. Además, informó que, si bien en la actual legislatura el proyecto fue actualizado, a la fecha se encuentra pendiente de atención.

“El acuerdo en mención resulta de vital importancia, toda vez que obliga a fortalecer la garantía de los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo cual contribuiría en la prevención de conflictos sociales relacionados a asuntos ambientales, que actualmente representan más del 60 % del total de conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo. Además, es el primero en el mundo con compromisos específicos para la promoción y la protección de las defensorías y los defensores ambientales”, precisó al respecto la titular de la Amasppi, Lissette Vásquez.

La representante de la Defensoría del Pueblo explicó que, en el país, muchas de las personas defensoras de derechos en asuntos ambientales, pertenecen a pueblos indígenas y constituyen un grupo de especial vulnerabilidad. Al respecto, sostuvo que gran parte de ellas son constantemente amenazadas o asesinadas, debido a que su labor consiste en combatir de manera permanente la contaminación ambiental o la destrucción de sus territorios, así como del aire, del agua y del suelo.

Detalló que, en el transcurso de la pandemia por el COVID-19, las amenazas no han cesado y que, por el contrario, la Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de diversos casos de asesinatos de personas defensoras del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas que realizaban labores en defensa de los bosques o de los territorios indígenas frente a actividades vinculadas a la minería y tala ilegal, así como al cultivo ilícito de coca y el tráfico de tierras.

De otro lado, precisó que el pedido hecho al Congreso de la República va acompañado de un documento dirigido en la víspera al viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez Basagoitia, en el que se le solicitó impulsar ante el Legislativo la aprobación de dicho acuerdo.

“A un año de su entrada en vigor internacional, debemos tener en cuenta que el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por 12 países de América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guayana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay, por lo que, en esta fecha tan significativa, es necesario recordar al Congreso de la República la importancia de que nuestro país se sume a este importante instrumento de protección ambiental”, afirmó Vásquez.