Frente a los últimos hechos de violencia sexual cometidos hacia niñas, niños y adolescentes y las recientes propuestas de aplicar nuevas penas para agresores sexuales, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:

1. Nuestra institución ha demandado continuamente una respuesta integral por parte del Estado para abordar un problema estructural y multicausal como es la violencia sexual hacia las personas menores de edad, especialmente a las niñas y adolescentes mujeres. Solo en enero y febrero de 2022, los Centros de Emergencia Mujer han atendido 7 794 casos de violencia contra la niñez y adolescencia, de los cuales 1 078 corresponden a violación sexual contra ellas y ellos y, de estos 1004 a niñas y adolescentes mujeres.

2. Por ello, rechazamos que se propongan medidas como la castración química o la pena de muerte para agresores sexuales. La primera de ellas, no es una medida eficiente pues no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales hacia niñas, niños y adolescentes. Además que, como sanción, ha sido considerada por diversos organismos internacionales, como trato o pena cruel, violatoria de la dignidad humana, lo que nos llevaría a incumplir diversas obligaciones asumidas en los tratados de derechos humanos, generando responsabilidad internacional para el Estado peruano e incrementaría el gasto público.

3. En ese sentido, resulta inconducente el debate dirigido a aplicar sanciones más drásticas al agresor pues nuestro ordenamiento jurídico ya contempla penas máximas como la cadena perpetua a quienes hayan violentando sexualmente a las personas menores de edad; sin embargo, este tipo de pena no ha logrado disminuir ni evitar este tipo de delitos. La concentración de acciones en la sanción penal no soluciona el problema estructural como la violencia, pues éstas no son medidas eficaces sino propias del populismo penal que solo distraen del verdadero rol que debe tener el Estado, que es prevenir, erradicar y sancionar la violencia.

4. De otro lado, de aprobarse la pena de muerte, se obligaría al país a retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos; lo cual nos dejaría fuera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, debido a que no sería posible denunciar solo un artículo de la misma. Con ello, además, se dejaría en una posición de grave vulnerabilidad otros derechos como la vida, la libertad de expresión, la educación, la salud, entre otros.

5. Esta condenable situación requiere que el Estado cumpla con su deber de garantizar y respetar el derecho a la protección especial que tienen las niñas, niños y adolescentes; lo que implica adoptar medidas que refuercen la atención de las víctimas de violación sexual con debida diligencia, pero también exige que se realicen acciones de prevención de la violencia en todos los espacios en los que transcurren sus vidas.

6. Para que estos actos de violencia no se repitan, urge que el Estado adopte medidas de prevención eficientes, tales como implementar la Educación Sexual Integral (ESI) para todas las edades y género, desde la educación básica; sensibilizar a la población respecto a la necesidad de desterrar ideas relacionadas a que las niñas, niños y adolescentes son propiedad de sus padres y que la violencia es un asunto privado, así como también desterrar la cultura del silencio, entre otras. Se debe eliminar también toda idea de tolerancia a la violencia y promover una cultura de respeto hacia los derechos de la niñez y adolescencia, lo que pasa por reconocerlos como sujetos de derecho y de especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad en general.

7. Finalmente, nuestra institución demanda a todas las entidades, a nivel intergubernamental e intersectorial, a cumplir cabalmente sus funciones en materia de niñez y adolescencia; especialmente, aquellas que forman parte del sistema de justicia. El Poder Judicial debe cumplir con su deber de administrar justicia de forma oportuna e imponer las penas más drásticas a los agresores conforme a nuestro ordenamiento jurídico, de modo que la población ni las víctimas sientan impunidad frente a estos delitos.

Desde la Defensoría del Pueblo compartimos el clamor de la población que pide justicia y protección para la niñez y adolescencia. Por ello, seguiremos vigilantes a que el Estado garantice y respete los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente, de las víctimas de violación sexual.