La Defensoría del Pueblo ha advertido la necesidad de que el Estado se centre en superar los principales obstáculos que impiden, a la fecha, cumplir con la agenda pendiente en derechos de las mujeres en el país. En ese sentido, solicita abordar temas tan relevantes, como la prevención, atención y lucha contra la violencia hacia las mujeres; las labores de cuidados; los derechos sexuales y reproductivos, y la participación política.

Limitaciones afectan derechos fundamentales en todo su ciclo de vida y requieren acciones urgentes y efectivas del Estado.

Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

Una primera preocupación es el retraso en la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ), ya que, a la fecha, solo se cuenta con 8 distritos judiciales, a pesar de que se había programado que serían 34 para el 2022. Ante ello, se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas asignar el presupuesto y recursos para el adecuado funcionamiento de este sistema.

Adicionalmente, se ha advertido una lentitud en el proceso de implementación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres – Mujeres libres de violencia, cuya finalidad es establecer intervenciones integrales articuladas y efectivas en los entornos de socialización y convivencia. Si bien se previeron planes piloto en Abancay (Apurímac), Acomayo (Cusco) y Tocache (San Martín), hasta la fecha se viene dilatando su proceso de aprobación.

También, sobre la reestructuración del Programa Nacional Aurora, la Defensoría del Pueblo ha recomendado fortalecer la atención de todas las formas de violencia de género de la Ley n.° 30364; identificar las dificultades para el seguimiento y evaluación de casos, y las razones para el abandono de denuncias o procesos judiciales, además de contar con indicadores de gestión y eficiencia de los centros emergencia mujer.

Agregado a ello, es necesario modificar la estructura orgánica de la Policía Nacional del Perú, creando una dirección policial especializada en delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, y cambiar la denominación de las comisarías de familia a Comisarías Especializadas en Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, acorde al marco legal actual de la Ley n.° 30364.

Otro problema señalado es la insuficiente implementación del Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA), debido a las limitaciones presupuestales de cada institución y la calidad de los sistemas de información institucionales que no permiten la trazabilidad ni la interoperabilidad horizontal de todas las entidades participantes en el sistema. Sumado a esto, aún no se ha implementado el Centro de Altos Estudios para la capacitación de operadoras/es de justicia, que, a pesar de estar establecido en la Ley n.° 30364, recién tuvo un reglamento aprobado el 17 de julio del presente año.

Finalmente, preocupa a la Defensoría del Pueblo la inexistencia de una política nacional frente a la violencia basada en género contra las mujeres, que complemente la Política Nacional de Igualdad de Género, para fortalecer y monitorear las estrategias y acciones específicas necesarias que permitan enfrentar esta grave situación. Asimismo, se debe reforzar los espacios de coordinación y articulación interinstitucional, tales como el Grupo de Trabajo Nacional (GTN), que no ha sido convocado desde el 18 de junio de 2021.

Igualdad de género

La institución advierte que aún existe una falta de implementación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC), ya que recién el pasado 27 de julio el Ejecutivo presentó el proyecto de ley para su creación. Este resulta importante porque permitirá contribuir al bienestar, la calidad de vida y desarrollo integral de las personas, especialmente de las que requieren cuidados, la de cuidadoras y cuidadores (responsabilidades compartidas), así como la superación de la división sexual del trabajo.

De otro lado, se reitera la falta de una nueva Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT), puesto que la única con la que contamos es del 2010. Este instrumento posibilitará identificar de manera objetiva la sobrecarga de las labores de cuidado que asumen las mujeres y que limita el ejercicio de sus derechos, pues ellas dedican más del doble de tiempo que sus pares masculinos a estas actividades.

Derechos sexuales y reproductivos, y participación política

La pandemia ha exacerbado la afectación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ello, es indispensable que el Tribunal Constitucional se pronuncie en el proceso de amparo para garantizar la distribución gratuita de la anticoncepción oral de emergencia y sobre la acción popular presentada contra la guía técnica para el aborto terapéutico. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo ha presentado amicus curiae en ambos casos.

Sobre la participación política, si bien existen avances normativos, en las actuales Elecciones Regionales y Municipales ni la paridad ni la alternancia vienen siendo aplicadas adecuadamente, ya que no se ha regulado la paridad horizontal que obligue a las organizaciones políticas a tener igual cantidad de candidatas/os. Asimismo, se permite que la candidatura para alcalde y el primer regidor sean del mismo género, relegando a las mujeres. Por otro lado, no se cuenta con herramientas que permitan implementar la Ley n.º 31155, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, por lo que el Estado no está cumpliendo adecuadamente con garantizar la igualdad de oportunidades.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo advierte que todo lo expuesto genera la persistencia de la discriminación estructural y sistemática contra las mujeres, que se agrava cuando es cometida, tolerada o reforzada por las y los operadores del Estado, por la acción de las normas y la cultura institucional y que se manifiesta en vulneraciones a diversos derechos fundamentales. Por ello, se exhorta a que este cumpla con su responsabilidad, para erradicar este grave problema que afecta a las mujeres en todo su ciclo de vida y en su diversidad.