Para elaborar los estándares regionales de actuación defensorial, se decidió partir de las propias experiencias positivas de las defensorías de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Para ello, cada una de las instituciones identificó el trabajo que realizó en defensa del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Esas experiencias fueron compartidas en una reunión a la que asistieron representantes de las cuatro defensorías participantes, así como representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano del Brasil y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala.