La historia de la humanidad ha estado llena de acontecimientos por los cuales el género humano ha reaccionado contra las injusticias, la opresión y la barbarie; son incontables los hechos que han cuestionado la esclavitud, las revoluciones que han golpeado el viejo régimen feudal y la dignidad de la comunidad internacional para enfrentar el holocausto nazi, proclamando los derechos humanos como una forma de relación en el contexto internacional y como un conjunto de obligaciones de los Estados del mundo para convivir en paz y equidad. La vigencia de los derechos humanos, constituye un esfuerzo interminable, pero al mismo tiempo se convierte en la vía que cuestiona permanentemente a las estructuras, sistemas, regímenes, convivencia pública y privada marcadas por el abuso de poder oficial o fáctico, la violencia y la cosificación del ser humano por intereses corporativos, económicos, políticos y culturales.

En Colombia la trata de personas afecta los derechos humanos de nacionales y extranjeros de diversas edades, ubicación geográfica, situación económica y condiciones socioculturales. Esta situación acontece de manera compleja y dinámica en distintas modalidades relacionadas con la explotación sexual, explotación laboral, uniones serviles, trabajos forzados, servidumbre, entre otras. Ante esta realidad, el Estado colombiano ha expedido diferentes disposiciones y establecido avances en cuanto a la creación de una política pública en sus diversos ámbitos territoriales: nacional, departamental, distrital y municipal, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales que sobre este delito ha suscrito.

En septiembre de 2013, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los Defensores del Pueblo de Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela y el delegado especial de Colombia, como parte del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, suscribimos una declaración conjunta en la que expresamos “nuestra preocupación sobre el crecimiento en nuestra región de la trata y tráfico de personas, la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres, la inseguridad ciudadana y la persistencia de patrones culturales discriminatorios hacia migrantes y desplazados”.

La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela se complace en presentar este primer diagnóstico sobre las políticas públicas y la respuesta institucional el Estado venezolano contra la Trata de Personas.

Desde el 2007 a la fecha (noviembre de 2015), la Defensoría del Pueblo de Perú ha registrado 104 casos vinculados al tema de trata. De estos, el 60% corresponden a denuncias que aquejan a víctimas menores de edad. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre 2009 y 2014 registró 2,241 denuncias por el delito de trata de personas.