En Colombia la trata de personas afecta los derechos humanos de nacionales y extranjeros de diversas edades, ubicación geográfica, situación económica y condiciones socioculturales. Esta situación acontece de manera compleja y dinámica en distintas modalidades relacionadas con la explotación sexual, explotación laboral, uniones serviles, trabajos forzados, servidumbre, entre otras. Ante esta realidad, el Estado colombiano ha expedido diferentes disposiciones y establecido avances en cuanto a la creación de una política pública en sus diversos ámbitos territoriales: nacional, departamental, distrital y municipal, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales que sobre este delito ha suscrito.

En la Estrategia Nacional de Lucha contra la trata de personas 2014-2015 se determinaron siete campos o ejes de acción1 , ampliando y fortaleciendo los estipulados en la Estrategia anterior, que tuvo vigencia inicial entre 2007-20122 y luego se amplió para el 2013, mientras se expide una nueva Estrategia3 . En los avances en la construcción de la política pública sobre este delito se identifican algunas fortalezas, debilidades y retos relacionados con el ámbito institucional y otros sectores, como el papel de la sociedad civil, los recursos, la asistencia y protección de las víctimas, la investigación, la judicialización, la coordinación intrainstitucional e interinstitucional, entre otros.

En cuanto a la asistencia y protección existen algunos progresos en virtud del trabajo conjunto entre el sector público, la sociedad civil y los organismos internacionales. No obstante, se presentan algunas debilidades y vacíos tanto jurídicos como administrativo-operativos, como el requisito de la existencia de la denuncia para que la víctima pueda recibir asistencia mediata, así como aspectos presupuestales, entre otros, que preocupan a la Defensoría del Pueblo y que motivan su interés institucional para propiciar acciones concretas que fortalezcan el análisis y la atención frente a la trata no sólo en el ámbito local, departamental y nacional, sino también en el regional e internacional, especialmente en lo referente a la protección de las.

Por ello, la Defensoría del Pueblo de Colombia en unión con las Defensorías del Pueblo de los otros países andinos: Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, teniendo en cuenta su mandato constitucional y legal, la coordinación y el desarrollo de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas4 y las actividades institucionales dentro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman FIO, decidió participar en este estudio para que, circunscribiéndolo al período 2013-2015, se elabore un Diagnóstico sobre las políticas públicas y la respuesta institucional de los Estados contra la trata de personas en la Región Andina y una propuesta de Estrategia Regional Andina de las Defensorías del Pueblo para la protección integral de las víctimas de esta vulneración de derechos humanos.

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