La historia de la humanidad ha estado llena de acontecimientos por los cuales el género humano ha reaccionado contra las injusticias, la opresión y la barbarie; son incontables los hechos que han cuestionado la esclavitud, las revoluciones que han golpeado el viejo régimen feudal y la dignidad de la comunidad internacional para enfrentar el holocausto nazi, proclamando los derechos humanos como una forma de relación en el contexto internacional y como un conjunto de obligaciones de los Estados del mundo para convivir en paz y equidad. La vigencia de los derechos humanos, constituye un esfuerzo interminable, pero al mismo tiempo se convierte en la vía que cuestiona permanentemente a las estructuras, sistemas, regímenes, convivencia pública y privada marcadas por el abuso de poder oficial o fáctico, la violencia y la cosificación del ser humano por intereses corporativos, económicos, políticos y culturales.

Es este contexto en el cual se inscribe la lucha contra la trata de personas, circunscrito a poderosas redes y mafias internacionales que alimentan una articulada e influyente maquinaria donde el capital circula junto a otros negocios ilícitos como la venta de armas y el narcotráfico, con la sola e infamante diferencia que la mercancía no son las drogas ni las armas, sino la libertad, la integridad y la vida de seres humanos, sujetos a explotación sexual, laboral, mendicidad, tráfico de órganos, servidumbre doméstica, reclutamiento forzado, entre otros fines ilegítimos.

Los esfuerzos para luchar contra la trata de personas se multiplican, las iniciativas de organismos internacionales, de gobiernos, de organizaciones civiles y de las propias víctimas sobrevivientes son cada vez más importantes, sin embargo, ni la mirada punitiva, ni el asistencialismo han contribuido suficientemente para enfrentar este delito internacional.

Es preciso que los gobiernos, las organizaciones civiles, las instituciones nacionales de derechos humanos, la comunidad internacional y las víctimas sobrevivientes hagamos esfuerzos serios para contar con una normativa, institucionalidad, recursos, planes y programas que realicen esfuerzos directos para prevenir la trata, reconociendo que las estructuras económicas que generan pobreza e inequidad y que al mismo tiempo reproducen estereotipos y discriminación niegan las oportunidades que las víctimas y potenciales víctimas demandan; así mismo, que los esfuerzos por investigar, procesar y sancionar a los responsables evidencien los vínculos de los tratantes con las estructuras corporativas y oficiales; y, que el tratamiento a las víctimas, no solo apunte a acciones curativas, sino a la generación de oportunidades ciertas en sus proyectos de vida.

Es por todo esto que las Defensorías del Pueblo de la región andina se han unido para contribuir a ese enorme esfuerzo que desde diversas iniciativas se construye en la región de las Américas y el mundo, nuestro mandato dirigido a la promoción y protección de los derechos humanos nos obliga desde la ética, pero también desde lo concreto a promover acciones de atención integral, incidencia en políticas públicas, formación, sensibilización y diálogo con las víctimas para dignificar su vida y la nuestra propia. La tarea de las INDH en la región recién comienza en materia de trata, hay retos en nuestros ámbitos nacionales y regionales, creemos que el inicio ha sido el más adecuado, el camino está trazado con un Diagnóstico Regional y de país; y un conjunto de estrategias que deben implementar acciones para su plena realización, estamos seguros y seguras que así será.

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