La lucha contra la trata de personas constituye un imperativo ético para dignificar la condición humana; esa tarea constituye un mandato legal y un imperativo moral para quienes trabajan en la protección y promoción de derechos humanos y más aún para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Por esta razón, las Defensorías del Pueblo de la Región Andina en el marco del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, se plantearon desde septiembre 2013 en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, reflexionar y actuar en la lucha contra la trata de personas, desde el mandato de la promoción y protección de los derechos humanos.

Esta perspectiva fue compartida por la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que a través de la Red Temática sobre Migrantes y Trata de Personas y con la colaboración de la GIZ apoyó la iniciativa dirigida a elaborar un diagnóstico sobre las políticas públicas en materia de trata en los países de la Región Andina y a partir de aquello construir una Estrategia Regional desde la misión de las Defensorías del Pueblo de la región.

En mayo de 2015, las instituciones que formamos parte de la Federación Iberoamericana del Ombudsman participamos en la Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas realizado en la ciudad de Bogotá, en cuyo evento se ratificó la relevancia de las INDH en la promoción de los derechos humanos de la personas víctimas de trata.

En medio de estos eventos, el equipo técnico - político conformado por las Defensorías andinas desarrollaron una metodología unificada, un plan de trabajo y la definición de herramientas técnicas para la realización del diagnóstico, así como para la definición de las estrategias. Los hallazgos encontrados en la región, determinan diversas modalidades de explotación vinculadas con la trata, como la prostitución forzada y explotación sexual; servidumbre y trabajo doméstico; mendicidad y trabajo forzado; reclutamiento para conflictos armados y fines delictivos; y, matrimonio servil.

Las principales víctimas sobrevivientes son en su mayoría niñas, mujeres y adolescentes, sin embargo, se detectaron también hombres heterosexuales, lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Los países de la región en su mayoría han firmado instrumentos internacionales que protegen a las víctimas de trata; sin embargo, el desarrollo legislativo para la protección de derechos de esta población es parcial. Las políticas públicas dan cuenta de la presencia institucional y el desarrollo de agendas intersectoriales, pero con limitados recursos para la atención directa y para las acciones de prevención, quedando un saldo pendiente de acciones, estrategias y políticas para desarrollar en nuestros países.

En noviembre de 2015 en el marco del Congreso Iberoamericano de la FIO, los Defensores Andinos aprobaron la Estrategia Regional Defensorial Andina para la Protección Integral de las Victimas Sobrevivientes de la Trata de Personas, cuyos ejes buscan desarrollar procesos de coordinación y cooperación interinstitucional, protocolos de intervención en zonas de frontera para la referencia y contrareferencia de los casos, el desarrollo de indicadores de derechos humanos en materia de trata para implementar acciones de observancia a las políticas públicas en cada uno de los países andinos y en la región en general.

Es destacable mencionar que las decisiones y compromisos de los Defensores del Pueblo del área andina que impulsaron la iniciativa de realizar el diagnóstico y la estrategia, se ha convertido en objetivos institucionales reflejados en su decisión de continuar con este propósito que compromete a la sociedad y los Estados frente a delitos que están afectando cada vez con mayor rigor las libertades y los derechos de miles de ciudadanas y ciudadanos de las naciones hermanas de la comunidad andina.

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