Desde el 2007 a la fecha (noviembre de 2015), la Defensoría del Pueblo de Perú ha registrado 104 casos vinculados al tema de trata. De estos, el 60% corresponden a denuncias que aquejan a víctimas menores de edad. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre 2009 y 2014 registró 2,241 denuncias por el delito de trata de personas.

De estos casos se identificaron un total de 3,911 víctimas, de las cuales el 80% son mujeres y el 56% corresponde a menores de edad, comprobándose que las víctimas recurrentes de la trata de personas en el Perú son niñas y adolescentes mujeres. La presencia de la trata de personas en el Perú motivó a la institución a elaborar, en el 2012, el Informe Defensoría N° 158 titulado “La trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes”.

El informe contiene el análisis de la normatividad nacional e internacional con particular énfasis en el tipo penal contemplado en el artículo 153° del Código Penal; evalúa la labor del Grupo Multisectorial de Lucha contra la Trata, espacio interinstitucional en el que se discuten y coordinan las estrategias nacionales de lucha contra este delito y da cuenta de la respuesta del sistema penal peruano en la tramitación de 50 expedientes judiciales por delito de trata de personas en agravio de menores de edad.

Gracias al apoyo técnico de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit–GIZ, Agencia de Cooperación Alemana, a través del proyecto “Fortalecimiento de la Federación Iberoamericana del Ombudsman” (PROFIO) y el proyecto “Derechos de Personas en Movilidad Humana” (PRODEM), financiado por la Unión Europea y ejecutado en consorcio con la FE, SJR y CODHES, la Defensoría del Pueblo de Perú, conjuntamente con sus pares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, vienen elaborando un informe regional que tenga por objetivo adoptar una estrategia al mismo nivel, a fin de garantizar la asistencia y protección a la sociedad en general y a las víctimas involucradas de manera especial. La lucha contra la trata de personas requiere del compromiso de las entidades públicas y del sector privado.

En esta tarea, los esfuerzos deben destinarse a impulsar acciones de prevención y a trabajar bajo el compromiso que la protección y asistencia a las víctimas no debe tener como único objetivo atender a “sobrevivientes” del delito, sino lograr que – recuperando su dignidad– su vida vuelva a tener sentido.

Finalmente, queremos reiterar nuestro agradecimiento a los funcionarios y funcionarias de las diferentes instituciones públicas por su colaboración en el desarrollo de la investigación defensorial.

Descargar publicación