Las instituciones nacionales de derechos humanos (Defensoría del Pueblo, comisiones nacionales o procuradores de derechos humanos, Ombudsman, entre otros) son instituciones estatales responsables de impulsar y proteger la efectividad de los derechos humanos. Entre sus acciones se encuentran las de promover, ejercer y divulgar los derechos humanos y fomentar la observancia del Derecho Internacional Humanitario.

En Iberoamérica, cada Defensoría del Pueblo cuenta con una dependencia o defensoría especializada para tratar los asuntos de infancia, adolescencia, y en algunos casos de juventud,1 debido al carácter específico de su marco constitucional y legal, así como por los retos particulares que en materia de promoción y garantía de los derechos humanos tiene esta población. Para pasar de la situación irregular hacia la protección integral es fundamental visibilizar la situación de derechos de la infancia, por eso es una preocupación para los países y una plataforma de impulso para el ejercicio de sus derechos y la incidencia en las políticas públicas de infancia y adolescencia.

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