En Colombia la trata de personas afecta los derechos humanos de nacionales y extranjeros de diversas edades, ubicación geográfica, situación económica y condiciones socioculturales. Esta situación acontece de manera compleja y dinámica en distintas modalidades relacionadas con la explotación sexual, explotación laboral, uniones serviles, trabajos forzados, servidumbre, entre otras. Ante esta realidad, el Estado colombiano ha expedido diferentes disposiciones y establecido avances en cuanto a la creación de una política pública en sus diversos ámbitos territoriales: nacional, departamental, distrital y municipal, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales que sobre este delito ha suscrito.

En septiembre de 2013, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los Defensores del Pueblo de Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela y el delegado especial de Colombia, como parte del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, suscribimos una declaración conjunta en la que expresamos “nuestra preocupación sobre el crecimiento en nuestra región de la trata y tráfico de personas, la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres, la inseguridad ciudadana y la persistencia de patrones culturales discriminatorios hacia migrantes y desplazados”.

La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela se complace en presentar este primer diagnóstico sobre las políticas públicas y la respuesta institucional el Estado venezolano contra la Trata de Personas.

Desde el 2007 a la fecha (noviembre de 2015), la Defensoría del Pueblo de Perú ha registrado 104 casos vinculados al tema de trata. De estos, el 60% corresponden a denuncias que aquejan a víctimas menores de edad. El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre 2009 y 2014 registró 2,241 denuncias por el delito de trata de personas.

La publicación de este trabajo tiene lugar en momentos en que el mundo afronta una emergencia sanitaria generada por la expansión de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), que amenaza la salud de las personas y la economía de las naciones y que pone en evidencia como nunca antes que el bienestar humano está intrínsecamente vinculado con la protección ambiental y de los ecosistemas. En este contexto, ubicar los derechos humanos en el centro de la gestión ambiental es esencial para garantizar que todas las personas, incluidas las más vulnerables, así como las generaciones futuras, puedan vivir en un ambiente sano, respirar aire puro y tener acceso a agua.