Acercándose a los dos siglos de vida independiente, los estados latinoamericanos continúan trabajando por redefinir los términos sobre los que se constituyen. Entre sus principales retos se encuentra expandir la ciudadanía, reducir las brechas de desigualdad y dar garantías para el reconocimiento y desarrollo pleno de las diversas culturas que los componen.

Una tarea prioritaria al respecto es enfrentar la deuda histórica que se mantiene con los pueblos indígenas y tribales, quienes aún enfrentan situaciones de discriminación y ven limitado el ejercicio pleno sus derechos. Revertir esta situación implica asumir la diversidad cultural de manera positiva y reconocer que no es posible superar los viejos paradigmas sin la participación activa y efectiva de los diversos pueblos en el rediseño de nuestras sociedades.

Bajo ese escenario, en las últimas décadas la consulta previa se ha consagrado como un mecanismo eficiente para incluir a los pueblos indígenas y tribales en la toma de las decisiones que les impactan y, de esa manera, promover el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos. Asimismo, ha demostrado ser una herramienta que fomenta el desarrollo de espacios de diálogo y permite prevenir conflictos.

En atención a ello, las defensorías del pueblo de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, hemos decidido unir esfuerzos y trabajar para fortalecer la correcta implementación de este derecho en la región. Como resultado de ello, este documento desarrolla la postura de nuestras instituciones respecto de las garantías mínimas que a la luz de los estándares normativos internacionales deben ser alcanzadas en todo proceso de consulta previa.

Para su diseño se ejecutaron 16 reuniones internacionales, en las que se contó con la participación de funcionarios estatales con competencia en materia de consulta y representantes de organizaciones indígenas y tribales de los cuatro países socios del proyecto. Asimismo, se recibieron importantes aportes de representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, el Ministerio Público Federal de Brasil y de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. ç

El documento consta de dos partes. La primera brinda información general sobre el derecho a la consulta previa: en qué consiste, cuál es su marco normativo, quiénes son sus titulares, entre otros aspectos relevantes. La segunda, presenta la propuesta de las defensorías de la región andina sobre cómo se debe implementar la consulta previa y qué acciones pueden desarrollar sus representantes en ese marco. Compartimos la convicción de que este trabajo será una guía para la construcción de garantías mínimas que permitan el ejercicio efectivo del derecho a la consulta en nuestros países.

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