Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Las reformas constitucionales que incorporaron la figura del funcionario público fueron aprobadas por Decreto Legislativo No. 64, del 31 de octubre de 1991 y la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue emitida mediante Decreto Legislativo No. 183, del 20 de febrero de 1992. Junto al Fiscal General de la República y el Procurador General de la República, forma parte del Ministerio Público de El Salvador. Dentro de sus facultades esta, investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los Derechos Humanos; Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los Derechos Humanos; Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los Derechos Humanos; y Formular conclusiones o recomendaciones pública o privadamente. |
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Notas publicadas |
La situación generada por la COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la sociedad salvadoreña, no solo por los riesgos a la vida y la salud que evidentemente conllevan una emergencia sanitaria de carácter global, sino además por las diferentes afectaciones a otros derechos humanos derivadas de la respuesta estatal para atender y contener el virus.
Las acciones realizadas por el Órgano Ejecutivo en el contexto de los acontecimientos sucedidos el 9 de febrero de 2020, sin duda alguna pusieron de manifiesto una forma de ejercicio del poder público que debe ser rechazada y reprochada con contundencia.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el marco de la Conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realiza entrega del Premio Nacional a la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 2020, como reconocimiento a las personas, organizaciones e instituciones, que trabajan en la defensa de los derechos humanos en el país.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, acudió a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, donde presentó el Informe sobre deficiencias en el Sistema Nacional Integrado de Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19.
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