Para el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, la emergencia generada por la pandemia COVID-19, permitió evidenciar la necesidad de contar con Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), fortalecidas, independientes y eficaces, para evidenciar las conductas y actividades que conllevan afectaciones a derechos humanos.

La importancia que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos trabajen apegadas a sus mandatos constitucionales, fue recalcada por el Procurador Tobar, al ser invitado a comentar el Informe: Derechos Humanos y pandemia. El Norte de Centroamérica frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, elaborado por la organización Cristosal.

Destacó que en el Informe hay puntos coincidentes con los que PDDH señaló en diferentes momentos de la emergencia. Entre ellos, se reconoce que las medidas que adoptó el gobierno; en su anuncio fueron oportunas, pero su operativización fue improvisada, como ejemplo citó la medida de entregar subsidio de $300 dólares a las personas que se vieron afectadas por el cierre de las actividades económicas, pero eso generó aglomeraciones.

Por medio del monitoreo en el Triángulo Norte, Cristosal recibió 80 casos válidos, de los cuales 71 fueron acompañados por las INDH de cada país. La mayor parte de las denuncias se hicieron en El Salvador (97.5%) y mayoritariamente se relacionan con la privación de libertad de los ciudadanos (28.6%) generalmente asociado a los largos períodos cumplidos en los centros de contención, detenciones arbitrarias (27.6%) y vulneraciones al derecho a la salud (13.3%). Si bien los números entre Cristosal y la PDDH son diferentes, ambos coinciden en las mismas afectaciones a derechos humanos; como movilidad, salud y seguridad, entre otros, explicó el Procurador.

El Informe fue calificado de suma relevancia por el licenciado Tobar Serrano, porque permite conocer la óptica de las organizaciones sociales en lo ocurrido en el contexto de emergencia generada por el COVID-19 y las recomendaciones deben servir a los Estados para respetar la dignidad humana en toda situación.