El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, acudió a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, donde presentó el Informe sobre deficiencias en el Sistema Nacional Integrado de Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19.

De acuerdo al defensor de derechos humanos, durante la pandemia no ha funcionado el llamado Sistema Nacional Integrado de Salud, porque no ha existido un Plan Nacional Integral de abordaje  de la pandemia por COVID-19, lo que ha derivado en afectaciones directas a los pacientes usuarios de dicho sistema y personal de primera línea.

En el Informe se detalló que desde el 21 de marzo al 17 de septiembre de 2020, se tiene registro de 1,811 hechos denunciados sobre afectaciones a derechos humanos ocurridos en la emergencia COVID-19, de los cuales 393 casos están relacionados al derecho a la salud, entre ellos por denegación de atención médica y negación de pruebas COVID-19 ,y por la falta de atención a otras enfermedades y tratamientos.

El Defensor del Pueblo lamentó que la falta de implementación de protocolos, de equipos especiales de bioseguridad y de capacitaciones oportunas, la improvisación, ahorro de recursos y la falta de conducción científica provocará que un gran número de personal sanitario que atendió la pandemia, resultará contagiado e ingresado a diversos centros de salud donde continuó el contagió.

“Un elemento de salud contagiado o fallecido no es una estadística más, es un elemento menos para combatir la pandemia. Ellos deben tener los mejores equipos de bioseguridad”, manifestó el  Procurador ante los legisladores.

A está sesión en la Comisión Legislativa de Salud, el Procurador solicitó que le acompañará la Secretaria General de SITRASALUD, Silvia Navarrete, por conocer desde adentro la realidad del sistema público de Salud. Navarrete sostuvo que médicos, enfermeras y personal administrativo falleció porque no se les proporcionó equipo de protección personal a tiempo y no hubo protocolo de atención adecuada.

El titular de la PDDH resaltó la necesidad de concretar un sistema integrado de salud, eficaz, eficiente y cada vez más solidario, lo que necesariamente requiere de un enfoque de derechos humanos.