“Informe sobre los hechos ocurridos en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020”
- El Salvador
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Las acciones realizadas por el Órgano Ejecutivo en el contexto de los acontecimientos sucedidos el 9 de febrero de 2020, sin duda alguna pusieron de manifiesto una forma de ejercicio del poder público que debe ser rechazada y reprochada con contundencia.
Ello se manifiesta en los diferentes llamados realizados por organismos internacionales y otras instancias, al privilegio del dialogo, la institucionalidad democrática y la independencia entre las ramas del poder público como condición necesaria para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
En otros momentos he declarado la necesidad urgente de adoptar las medidas concretas que garanticen oportunidades reales para el ejercicio adecuado de la participación política de la población salvadoreña trascendiendo del desencanto y la frustración hacia un ejercicio ético, responsable e informado de las propuestas y acciones públicas, teniendo como premisa que el ejercicio de los derechos políticos no son un fin en sí mismo sino un medio fundamental para garantizar los demás derechos.
De igual manera, haciendo eco de las recomendaciones internacionales para fortalecer el Estado de Derecho insto a defender la separación de poderes mediante la adopción de medidas legítimas y apropiadas, garantizar que ninguna institución o persona esté por encima de la ley, alentar a la formación continua del funcionariado público de todos los niveles, con arreglo a su ámbito de competencias, sobre las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, aumentar la cohesión y solidaridad social como elementos importantes de la democracia a través del desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales para resolver los conflictos y controversias de forma pacífica y suprimir el empleo de la fuerza y la violencia para afrontar tensiones y desacuerdos políticos. Invito, pues, a la lectura de este informe desde una óptica, crítica, constructiva, proactiva y corresponsable, y a unir nuestras capacidades y esfuerzos en torno a la construcción de un Estado de El Salvador respetuoso y garante de los derechos de todas y todos.
