La violencia armada y la estigmatización de su labor por parte del entorno y algunos funcionarios públicos, son las principales dificultades que enfrentan las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos, advirtió este martes desde Medellín el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante una Audiencia Defensorial que visibilizó los riesgos colectivos que esta población enfrenta en Antioquia.

Colombia está en el top tres mundial de países con peor índice de civilidad digital: más del 80 por ciento de los usuarios nacionales comete faltas en línea, que a diario vulneran derechos humanos, y el 66% de los internautas colombianos se considera víctima en medios digitales.

Esos datos de la multinacional tecnológica Microsoft, sumados a las cifras de la Policía Nacional en las cuales se advierte que cada cuatro horas un colombiano es víctima de extorsión en redes sociales, que la suplantación de sitios web en Colombia se incrementó un 358% durante la pandemia de la COVID-19 y que cada año más de 35.000 colombianos son víctimas de delitos informáticos –hechos que vulneran todo tipo de derechos–, llevaron, entre otros, a la Defensoría del Pueblo a poner en marcha una Defensoría Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre el aumento de los casos de amenaza de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, que se ha presentado en la zona urbana y rural de Cúcuta, y en los municipios de El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario y Tibú, en Norte de Santander, por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados.