El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre el aumento de los casos de amenaza de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, que se ha presentado en la zona urbana y rural de Cúcuta, y en los municipios de El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario y Tibú, en Norte de Santander, por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados.

“Con nuestro equipo en territorio estamos trabajando con las comunidades para mitigar el riesgo por las recurrentes alteraciones del orden público que amenaza la vida e integridad de las niñas, niños y adolescentes, así como de los docentes y la comunidad educativa”, dijo Carlos Camargo.

De la misma forma, hizo un llamado urgente a las instituciones departamentales de Norte de Santander y municipales en cada zona afectada, para que tomen las medidas para garantizar la seguridad de los niños y niñas. “Es necesario acelerar la construcción de planes de prevención temprana, y de protección, ante el inminente riesgo de reclutamiento, uso y utilización del que pueden ser víctimas las niñas, niños y adolescentes”, agregó.

El Defensor del Pueblo, además de insistir en la necesidad de redoblar los esfuerzos de prevención en las instituciones educativas, también solicitó adelantar la conformación de los Equipos de Acción Inmediata y priorizar los recursos para la garantía del derecho al acceso y permanencia en la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento.

De acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y utilización de los menores de edad en el conflicto armado. Así mismo, la Constitución Política señala que todas las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos en contra del reclutamiento y la utilización por parte de los grupos armados organizados y que sus derechos prevalecen sobre los demás.

Además, la Declaración de Escuelas Seguras establece que el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes ayuda a protegerlos de los impactos del conflicto armado, les provee estabilidad y entornos de apoyo y contribuye a prevenir su reclutamiento, uso y utilización.

“La educación es fundamental para el desarrollo y disfrute pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que el Estado debe garantizar que las instituciones educativas sean seguras y presten sus servicios de manera continua. La escuela es un entorno protector que previene el flagelo del reclutamiento forzado de esta población”, puntualizó el Defensor.

Defensoría del Pueblo advierte presencia de grupos armados y delictivos organizados que agravan amenazas de reclutamiento de menores de edad en zona rural y urbana de #Cúcuta y cuatro municipios de #NorteDeSantander.

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— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 2, 2022