La Defensoría del Pueblo presentó el ‘Informe Defensorial Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD), que contó con el apoyo y la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El Defensor del Pueblo destacó la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional para darles respuesta efectiva a las familias de las personas dadas por desaparecidas.

Bogotá, 4 de febrero de 2022 (@DefensoriaCol). “Hay que mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer el conocimiento y la capacitación de los funcionarios que atienden a los familiares de las personas desaparecidas y, sobre todo, entender que la labor de búsqueda de los desaparecidos es una obligación que alivia el sufrimiento humano”, dijo este viernes el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante el lanzamiento del ‘Informe Defensorial Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas (EJPD).

El Defensor del Pueblo, agradeció el apoyo y la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la construcción del estudio, que se hizo en terreno con funcionarios públicos de diversas instituciones y familiares de personas desaparecidas, con el cual se plantea la necesidad de cambiar la manera como se reciben e investigan los casos.

En el informe se recoge la necesidad de mejorar la atención que reciben los familiares. Por lo tanto, resulta fundamental que las denuncias sean atendidas siempre con vocación a la eficacia del Mecanismo de Búsqueda Urgente.

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2017 y 2021 un total de 16.361 personas fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 10.362 son hombres y 5.999 son mujeres. En este caso, se considera que alrededor del 20% de los casos corresponden a desapariciones presuntamente forzadas. Las cinco regiones que más han reportado hechos de desaparición son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander; de la misma forma la mayor parte de las cifras corresponden a desapariciones forzadas que se derivan del conflicto armado interno.

De otro lado, las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que administra el Registro Único de Víctimas (RUV), desde su creación en el 2011 registra al 31 de agosto de 2021 un total de 50.522 víctimas directas de desaparición forzada y 136.565 víctimas indirectas que corresponden a familiares. Además, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta 82.998 personas desaparecidas forzadamente entre 1958 y 2017.

“Consideramos que es necesario que el país cuente con un reporte unificado de cifras, para evitar que se creen vacíos de información y brindar una respuesta institucional efectiva, que con políticas públicas integrales permita cumplir con la garantía de los derechos humanos de los desaparecidos y sus familias”, afirmó Carlos Camargo.

Además se recomendó, entre otras cosas, mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional a través de reuniones periódicas de seguimiento del Mecanismo de Búsqueda Urgente, MBU, con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Consejo Superior de la Judicatura, se invite al CICR, y se trabaje con el Sistema Nacional de Derechos Humanos para formular lineamientos y planes de política que garanticen que la respuesta estatal sea integral y omnicomprensiva.

“No es posible que en muchos casos los familiares de las personas desaparecidas sean los que tengan que asumir la búsqueda con sus propios medios y riesgo, desconociendo las normas que los protegen, sin apoyo jurídico ni económico y, además, enfrentando la indiferencia de algunos funcionarios. Un objetivo de este documento es sentar las bases para que esto cambie y sepan que no están solas en tan dolorosa situación”, concluyó el Defensor del Pueblo.

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