En el último mes, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha venido brindando acompañamiento humanitario de emergencia a centenares de personas que se han desplazado de manera forzosa por cuenta de las acciones de grupos armados ilegales, en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

El miedo sigue siendo la constante entre la población por las confrontaciones entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las antiguas FARC. Principalmente han sido afectados los habitantes de las regiones de frontera en los departamentos de Arauca y Vichada, aunque el fenómeno del desplazamiento forzado también se ha extendido a Norte de Santander y Santander.

“A través de nuestros equipos en territorio seguimos brindando el acompañamiento humanitario a las comunidades de frontera. En mi condición de Defensor del Pueblo y de presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por su sigla en inglés), he rechazado el accionar de estas organizaciones armadas que, además de desplazamiento forzado, han producido homicidios, confinamiento de comunidades y riesgos de reclutamiento forzado de menores de edad”, señaló Carlos Camargo.

La situación más crítica se vive en el departamento de Arauca. Allí la Defensoría del Pueblo ha podido constatar que durante el mes de enero se reportaron 66 homicidios y el desplazamiento forzado, tanto individual como masivo, de 1.621 personas de 527 familias.

De acuerdo con las cifras reportadas por la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas, también se ha presentado el desplazamiento de 51 excombatientes en proceso de reincorporación.

“Hemos pedido presencia institucional para la garantía de los derechos de la población que vive en la frontera en medio de la zozobra y el miedo. Además, hemos reiterado la necesidad de brindar protección a los líderes sociales que reciben constantes amenazas por parte de estos grupos ilegales”, dijo el Defensor del Pueblo de Colombia.

Situación similar vive la población de Puerto Carreño, la capital del Vichada, donde la Defensoría del Pueblo registró 936 personas de 277 familias víctimas de desplazamiento forzado por cuenta de la confrontación entre FARC y ELN.

La situación de Arauca también se expandió a otros departamentos de frontera con graves problemas de orden público. En Norte de Santander ya se han reportado 14 homicidios y se ha registrado el desplazamiento individual de 350 personas.

Adicionalmente, en el departamento de Santander la Defensoría del Pueblo atiende a 86 personas de 39 núcleos familiares en situación de desplazamiento forzado, quienes provienen de Arauca.

“Continuamos haciendo un llamado vehemente a las autoridades para que se proteja a los ciudadanos, y a los grupos armados para que mantengan a la población civil al margen de sus hostilidades. Debe primar en todo momento el bienestar de las comunidades, garantizándose la efectividad de sus derechos y su permanencia en los territorios”, dijo el Defensor del Pueblo de Colombia.

Carlos Camargo también señaló que es importante activar todos los mecanismos nacionales e internacionales de protección para los habitantes de la frontera. “Es importante que las autoridades colombianas, las defensorías de otros países y la comunidad internacional pongan los ojos sobre la grave situación que se evidencia en la frontera con Venezuela y que se avance en la protección de las comunidades”, puntualizó el Defensor del Pueblo de Colombia.