En Bolivia las Autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial son elegidas mediante sufragio universal (arts. 182, 183, 188, 194 y 200 de la Constitución Política del Estado).

El último proceso eleccionario de dichas autoridades se realizó el 3 de diciembre de 2017, asumiendo funciones en enero de 2018 y concluyendo su período de mandato el 31 de diciembre de 2023.

No obstante, debido a dilaciones generadas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de la activación de acciones constitucionales, el TCP dispuso la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del mismo TCP^[1].  

Ello ha generado que la población cuestione la legitimidad de estas autoridades, a tal efecto se han generado protestas en las puertas de estos altos tribunales, bloqueos de carreteras, entre otras medidas de presión con la finalidad de propiciar una dimisión de dichas autoridades.

Ese contexto nos lleva a concluir que la falta de realización del proceso eleccionario está generando una profunda lesión de la garantía de la independencia judicial, recuérdese que la Corte IDH ha establecido que de ella se derivan otras garantías: adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad en el cargo y garantía contra presiones externas^[2].

Es decir, la dilación propiciada por los propios agentes estatales ha derivado en que el Estado incumpla su deber de garantía contra presiones externas, generando una afectación de la garantía de la independencia judicial.

^[1] DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2023, de 11 de diciembre.

^[2] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266. Párr. 144.