La investigación defensorial permitió, también, advertir que no todas las dependencias de los IDIF cuentan con la división de Recepción y Custodia de Evidencias (RCE), ni tampoco se les dota de los instrumentos para la conservación de pruebas, lo que puede desembocar en que la prueba recolectada se deteriore y sea valorada incorrectamente, dando lugar a que sea objetada por la parte contraria en un proceso; asimismo, ésta se pone en riesgo por las precarias condiciones de equipamiento en los IDIF que no cuentan con los equipos básicos, insumos y equipos de bioseguridad necesarios.

La Defensora detalló que más del 50% de los Institutos de Investigación Forenses carecen de condiciones físicas adecuadas por la falta de salubridad, comodidad y privacidad y que el 43% no cuenta con un espacio de archivo, aspecto que evidencia un manejo inadecuado de la documentación, lo cual se convierte en una barrera u obstáculo para el adecuado acceso a la justicia.

También se evidenció que no existe coordinación entre los establecimientos de salud y los IDIF para la recolección de muestras y evidencias en casos de víctimas de violencia sexual, lo que lleva a realizar de nuevo la valoración forense incurriendo en una revictimización, incumpliendo así la Ley N°348. Estos casos, en la mayoría de los IDIF, no son considerados como una emergencia médica, pues no priorizan la atención de pacientes mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; solo el 44% de los IDIF otorga una atención prioritaria a grupos vulnerables, el resto incumple lo dispuesto por la normativa en salud, de violencia contra la mujer y de protección a niños niñas y adolescentes.

Otra deficiencia identificada que dificulta el acceso a la justicia, es la falta de atención integral para las víctimas a través de centros integrales de justicia, y que además los IDIF solo tienen presencia en 10% de todos los municipios a nivel nacional, situación que no permite que la población más vulnerable tenga acceso de manera ágil, oportuna, eficiente, oral, gratuita. Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones a la Fiscalía General del Estado para que incremente ítems para médicos forenses y personal de laboratorio en todas las dependencias de los IDIF; para implementar o reforzar las especialidades de medicina forense en el eje troncal del país; y capacitar al personal administrativo en atención básica a víctimas de violencia.

La Institución Defensorial recomienda, además, implementar centros integrales para la atención de víctimas en el área urbana y rural que aglutinen a las oficinas del IDIF, Ministerio Público, Policía y otras instituciones relacionadas con la temática, o que sus dependencias sean ubicadas cerca de éstas para garantizar la eliminación de barreras para el acceso a la justicia. Finalmente, recomienda a la Dirección Nacional del IDIF que establezca políticas de priorización en los IDIF para la atención a pacientes víctimas de violencia sexual mujeres, niños, niñas y adolescentes y promover la acreditación de los laboratorios forenses a normas de calidad nacionales e internacionales; y al Ministerio de Salud, recomienda políticas de coordinación entre establecimientos de salud y el IDIF para la recolección de muestras y evidencias, y la homologación de certificados médicos en casos de víctimas de violencia.