La Defensoría del Pueblo advierte que, durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19, la respuesta estatal fue insuficiente e inoportuna, según el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y Covid-19 en Bolivia”, elaborado con información obtenida en 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, remitió este miércoles un oficio a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud solicitando, entre otras cosas, los criterios técnicos con base en los cuáles se establecieron los grupos prioritarios de aplicación de la vacuna contra el Covid-19.
Tras detectar que algunas universidades exigen a sus alumnas/os o egresadas/os, documentos y constancias que las mismas casas de estudios emiten, como “constancias de no adeudos”, “recibos de pagos originales”, “certificado de estudios originales otorgado por la Oficina de Registros y Archivos Académicos”, entre otros.
La crisis de salud pública por la que atraviesa el país, el incremento de los casos por contagio de COVID-19 y las constantes quejas de la población en cuanto a la respuesta de las autoridades, pone en riesgo el derecho al acceso a la Salud y Seguridad Social de todos los panameños, así lo dio a conocer el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González.
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