La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Congreso de la República para que apruebe, a la mayor brevedad, el proyecto de ley propuesto por el poder Ejecutivo, n.° 6113/2023-PE, el cual propone, entre otros temas, declarar imprescriptible la acción disciplinaria en casos de violencia y hostigamiento sexual en agravio de escolares, además de ampliar la inhabilitación permanente de los docentes involucrados en estos hechos.

A través del Informe de Adjuntía n.° 004-2022-DP/AAE “Protección de niñas, niños y adolescentes frente a actos de violencia de parte de personal docente: Principio de especialidad, inexistencia de plazos de prescripción e interés superior de la niñez en el caso del régimen disciplinario magisterial”, que analiza 306 resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil (TSC) entre los años 2018 – 2020, advierte que en 101 casos (33 %) la sanción impuesta al personal docente se dejó sin efecto por motivo de prescripción de la acción disciplinaria.

Esta situación cobra mayor preocupación, al constatar en el Sistema de Monitoreo de Expedientes (Simex) del Ministerio de Educación que, en los últimos 9 años, se archivó 604 expedientes de violencia sexual en agravio de estudiantes, por motivos de prescripción de la acción disciplinaria declarada en la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, información que corresponde a la exposición de motivos del proyecto ley mencionado.

La Defensoría del Pueblo considera que al existir un sistema que avale serias deficiencias en la determinación de la responsabilidad administrativa del personal docente denunciado por faltas muy graves, se permite que profesores que no cuentan con solvencia moral e idoneidad profesional acorde a la delicada naturaleza de sus funciones, cual es, la formación integral de niños, niñas y adolescentes del país, permanezcan en impunidad al interior de la Carrera Pública Magisterial.

La aprobación de la referida iniciativa legislativa, permitirá cambiar la regulación del procedimiento administrativo disciplinario  en el sector magisterial, así como inaplicará el precedente vinculante n.° 003-2019-SERVIR/TSC, aprobado por la Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, que antepone el derecho a que se resuelvan las denuncias presentadas contra el personal docente en un plazo razonable, sobre el derecho a la dignidad, a la integridad moral, psíquica y física que tienen niños, niñas y adolescentes y, además, contribuirá a erradicar  la violencia que los afecta, en cualquiera de sus formas.

En atención a las consideraciones expuestas, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo, a fin de garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y sexual, y evitar la permanencia de docentes nombrados y contratados, que no cumplen con las credenciales que la Constitución y la Ley de Reforma Magisterial exigen para el adecuado desempeño de sus funciones en el marco del respeto de los derechos fundamentales.