El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, sustentó hoy ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República el presupuesto que la institución requiere para el año 2024, a fin de mejorar los servicios que brinda a la ciudadanía en la defensa de sus derechos fundamentales, la supervisión de la administración estatal, así como de la adecuada prestación de los servicios públicos.

La cifra asignada por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de S/ 82 483 418, sin embargo la Defensoría del Pueblo requiere un presupuesto de S/ 179 763 703 para financiar las necesidades de todas las unidades orgánicas que conforman la entidad y que permita continuar con las labores institucionales con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, tales como niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos indígenas, víctimas de violencia, entre otros.

Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo brinda atención desconcentrada a nivel nacional. Cuenta con 28 oficinas y 12 módulos defensoriales, luego de que en el año 2022, se crearan los módulos de La Convención, que permite brindar atención inmediata a comunidades campesinas y nativas, y Pichari, que atiende a la población de 20 distritos de influencia directa del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Asimismo, cuenta con 9 adjuntías, 6 programas y 2 mecanismos especializados en diversos temas de derechos humanos.

En ese sentido, Gutiérrez Cóndor sustentó ante la referida comisión que el incremento de presupuesto hará posible ampliar la cobertura del servicio de atención a nivel nacional con un enfoque territorial, intercultural e institucional, así como la implementación del programa Rompiendo Cadenas y Trata de personas, que permitirá defender los derechos de la niñez y adolescencia con madres, padres o cuidadores en establecimientos penitenciarios.

Asimismo, se podrá dar continuidad de la gestión y seguimiento de los acuerdos en el marco de la prevención de conflictos sociales (aprobado mediante Ley n.° 31728), participación y promoción de los procesos de diálogo, mesas de trabajo, entre otros.

Igual de importante resulta para la Defensoría del Pueblo la supervisión al Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR) para la reducción de la violencia contra las mujeres, a cargo de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Derechos Humanos, Salud, Interior, Educación, Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales y locales.

De la misma manera, es necesaria este incremento presupuestal para continuar con el funcionamiento de la Secretaría Técnica Especializada encargada  de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en el marco de la ampliación de las funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobadas mediante la Ley n.° 30904.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo, preocupado por la situación de un gran sector de trabajadores del régimen CAS de la institución, refirió que se necesita recursos con la finalidad de darle cobertura presupuestal a las 263 plazas que se encuentran en calidad de previstas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), las cuales serán convocadas y que podrían ser cubiertas (de contar con los requisitos necesarios) por el personal contratado con mayor antigüedad en la Defensoría del Pueblo. Además, a fin de realizar la actualización de la remuneración de personal de la modalidad Contrato Administrativo de Servicio (CAS).

En otro momento de su presentación, el Defensor del Pueblo indicó dentro del proceso de mejora tecnológica y mejora en el servicio a favor del ciudadano, la institución plantea la necesidad de adquirir sistemas de procesamiento y almacenamiento y 4 camionetas, que permitirán continuar con los viajes de supervisión y atención a la población en los lugares más alejados de cada región.

Finalmente, Josué Gutiérrez señaló que la demanda adicional de S/ 97 270 285, que necesita la institución para las tareas descritas y otras adicionales, permitirá fortalecer la atención y defensa de los derechos de las personas y la comunidad en todo el territorio nacional.