La Defensoría del Pueblo exigió al Estado cumplir con su obligación de garantizar, de manera efectiva, la especial protección a niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional, teniendo en consideración las cifras de casos de violencia y desapariciones; a lo cual debe agregarse el aumento de la inseguridad ciudadana que está afectando la vida, integridad y libertad de este grupo etario, tal como son los casos de fallecimiento, lesiones, trata, violación sexual, robos, entre otros. Lo cual constituye una grave afectación a su dignidad y derechos fundamentales.

• En el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño, se recuerda deberes.
• En octubre último, hubo 254 casos de desaparición de niñas y adolescentes mujeres.

Esta grave situación obliga al Estado a brindar protección reforzada a niñas, niños y adolescentes, a través de acciones efectivas y articuladas entre todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local) y sectores competentes a fin de responder a su interés superior con un entorno familiar, social y educativo propicio para el ejercicio seguro de sus derechos y, por ende, libre de todo tipo de violencia en su agravio, señaló el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.

También planteó tener en cuenta prever el impacto del cambio climático en servicios esenciales para la subsistencia de dicho grupo poblacional vulnerable, garantizando su atención oportuna y el soporte emocional que necesite para enfrentar las consecuencias adversas de ese fenómeno natural. Así como las consecuencias de la pandemia por el Covid-19, hecho que ha originado que ellas/os sean víctimas de violencia proveniente de adultos/as -entre ellos/as, sus progenitores o cuidadores- pero también de sus pares en la escuela o sus inmediaciones y en la comunidad.

Al conmemorarse hoy el Día Internacional de los Derechos del Niño, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, el representante de la Defensoría del Pueblo resaltó la importancia de que todos los derechos de este importante grupo poblacional sean respetados sin discriminación por pobreza, género, discapacidad, nacionalidad, origen étnico, situación jurídica de sus madres/padres (por privación de libertad, o condición de migratoria), entre otros motivos.

Según cifras del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a setiembre los centros de emergencia mujer atendieron 46, 090  (36.5 %) casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años (aproximadamente, diariamente 182 fueron violentadas/os en diversas modalidades); en adición, la Policía Nacional del Perú reporta, en octubre último, 308 desapariciones de personas menores de edad, 254 son de niñas y adolescentes mujeres (82.5 %) y 54 (17.5 %) de niños y adolescentes hombres.

En cuanto a la violencia que afrontan en el entorno escolar, el portal SISEVE registra, de enero a octubre de este año, 16 191, casos; de estos, 10 347 ocurrieron entre escolares y 5844 fueron cometidos por personal de la institución educativa contra ellas/os. Asimismo, data del INEI, de marzo a agosto de 2023, muestra que el mayor porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo se encuentra en el rango de 15 a 29 años (32,8 %), a nivel nacional urbano.

A ello, se suman los riesgos del cambio climático en su salud y sobrevivencia –– particularmente de aquellas/os que residen en zonas rurales, periurbanas o con población indígena–– a causa de fenómenos naturales, como  el “Niño Costero”, que podría impactar negativamente en su bienestar y desarrollo integral, por el efecto negativo en la agricultura e incluso la falta de servicios de salud y educación, de sistemas de agua potable o de vías para posibilitar su desplazamiento seguro o referencia hospitalaria cuando su estado de salud lo requiera.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo expresa que continuará vigilante de las actuaciones de las entidades estatales para que garanticen la protección efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia en el país acorde con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño.