La Defensoría de los Habitantes detectó trámites y obstáculos que enfrenta la población con discapacidad en el sistema de educación regular, que violenta su derecho a una enseñanza inclusiva.

Uno de ellos se refiere al decreto 40529-MEP “Reglamento de Matrícula y Traslado” que establece una exclusión indirecta, pues el estudiante con discapacidad debe pasar por el escrutinio de la Asesoría Regional de Educación Especial a fin de determinar si puede ingresar o no al sistema, contraviniendo el inciso a) del párrafo 2 del artículo 24 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad así como la Observación General No.4, Para Defensoría, es necesario su derogatoria en un plazo de tres meses.

Otra situación detectada a partir de entrevistas al personal docente, es que no cuentan con información suficiente sobre el proceso de educación inclusiva, lo que genera angustia y entonces cada centro lo aplica a su manera. De ahí, que el MEP realice una capacitación sistemática e incluya servicios flexibles que permita adecuar la oferta educativa a las personas con discapacidad. Asimismo que cuente con un entorno accesible, que no sólo abarque el espacio físico sino también las herramientas de comunicación e información, planes de estudios, materiales educativos, servicios de evaluación, lingüísticos y de apoyo, entre otros.

En cuanto al transporte de estudiantes con discapacidad, el subsidio no garantiza que cuenten con transporte accesible, ya que se traslada la responsabilidad a las y los familiares de las personas con discapacidad de buscar automóviles con estas características, lo que no siempre es fácil. Otro punto esencial es que se incorpore el concepto de vulnerabilidad como criterio a la hora de otorgar becas a estudiantes con discapacidad.

En cuanto a las medidas adoptadas por el MEP para la incorporación de las personas con discapacidad en el sistema, la Defensoría sostiene que son insuficientes, en virtud de que debe proceder al cierre de los servicios segregados de enseñanza y crear condiciones para su ingreso, con programas de enseñanza suficientes en cantidad y calidad.

Sobre la educación universitaria, la Defensoría de los Habitantes recomienda al Conesup emitir directrices sobre el contenido de las carreras de educación, en tanto incluyan los nuevos paradigmas de educación inclusiva, principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes