La explotación infantil y adolescente son manifestaciones de violencia que aqueja a la población menor de edad. A pesar de que son prevenibles, cuando se detecta un caso, es una muestra de un sistema que ha fallado.

Si bien Costa Rica ha asumido el compromiso de luchar contra todas las formas de violencia y explotación hacia los niños, niñas y adolescentes mediante la promulgación de leyes, políticas y programas tendientes a su protección, no se puede bajar la guardia ante persistentes y emergentes situaciones de riesgo. Esta explotación supone una actuación deliberada de personas adultas que las y los utilizan en procura de satisfacer intereses particulares, sin importar el daño y la violación que representa para la persona menor de edad, y cuyas consecuencias quedan, en la mayoría de los casos, marcadas de por vida.

Avances importantes, entre otros, son la prohibición legal del matrimonio de las personas menores de edad; sin embargo, las relaciones de hecho de éstas con personas adultas, incluidos los embarazos de niñas y adolescentes, son una muestra clara de la normalización social de esta forma de explotación.

Por otra parte, condiciones sociales y económicas apremiantes, como las derivadas de la pandemia sanitaria, generan contextos de vulnerabilidad y pese a avances en materia de combate a la explotación laboral, aún hay niños, niñas y adolescentes vinculados a la responsabilidad de cuido dentro de la familia o de terceros y labores domésticas, que las expulsa del sistema educativo. También está el riesgo de ser víctimas de trata de personas. En cuanto a la explotación sexual comercial ha tenido un incremento del 44% de denuncias en relación con las recibidas en el 2019, según informa UNICEF. En cuanto al trabajo infantil para el año 2020 el país registró 1.253 casos en personas menores en edades entre los 12 y 14 años, edades donde está prohibido.

Una alerta emergente y a la que no podemos cerrar los ojos, es el creciente reclutamiento y participación de personas menores de edad, particularmente adolescentes, en bandas y redes criminales, siendo esta población víctimas –75 asesinatos en últimos seis años según el OIJ- como victimarios, a los que con facilidad la sociedad estigmatiza como delincuentes, olvidando su responsabilidad de garantizar su protección integral y la urgencia de brindarles oportunidades efectivas que las rescaten de estas condiciones de explotación y vulnerabilidad.

Asimismo, se debe hacer un llamado particular a la sociedad para evitar criminalizar a los niños, niñas y adolescentes y más bien aprovechar las capacidades informativas para levantar con vehemencia la alerta y la adopción de medidas interinstitucionales e intersectoriales efectivas y sostenibles.

En Costa Rica, el 32% de los niños, niñas y adolescentes se encuentra en condición de pobreza, siendo que su nivel de vulnerabilidad a las diferentes formas de explotación es muy alto y, en muchos casos, las consecuencias irreversibles. El país se encuentra en la antesala de la formulación de una política pública a favor de la niñez y la adolescencia. Es la oportunidad para plasmar el compromiso y las acciones necesarias para alcanzar la meta y revertir esta tendencia que compromete hoy mismo la vida y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Oficina de Comunicación Defensoría de los Habitantes