Una investigación de la Defensoría de los Habitantes como Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reveló niveles importantes de incumplimientos que impiden garantizar una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo costarricense. Desde restricciones reglamentarias, falta de accesibilidad, hasta ausencia de capacitación son algunas situaciones detectadas sobre el accionar del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Entre los hallazgos se puede mencionar el tema de la accesibilidad en infraestructura física, donde el MEP carece de información precisa de los centros educativos intervenidos para garantizar este derecho. A ello se suma que los programas de estudios tampoco se adecúan a las necesidades de la población con discapacidad. No obstante, es en la mediación pedagógica donde se realizan los ajustes en los programas de estudio, proveyendo apoyos educativos personales, organizativos, materiales y tecnológicos, así como los curriculares.

También existe normativa interna del MEP que restringe el acceso de estudiantes al sistema general de educación por motivo de discapacidad como el inciso e) del artículo 10 y el artículo 12 incisos d y e del Decreto 40529-MEP Reglamento de Matrícula y Traslado, que solicita un documento de ubicación del estudiantado. De las entrevistas realizadas en cuanto a la aplicación de medidas para la transición de estudiantes de educación especial a regular, se indica que hay escuelas que todavía mantienen a las personas con discapacidad en aulas integradas, otras esperan a un informe diagnóstico y otras donde no hay aula integrada y, solamente se integra a la persona menor de edad a las aulas regulares con una valoración realizada por el Comité de Apoyo y las docentes de apoyo.

En materia de transporte escolar, el MEP señaló que otorga un subsidio al estudiantado con discapacidad que vive a una distancia no menor de 3 kilómetros del lugar de residencia al centro educativo, siendo que en 2019 los alumnos(as) beneficiados(as) fueron 3.919, lo que representa un 0,36% de la población estudiantil pública. En cuanto al acceso de tecnologías de información y comunicación de las entrevistas efectuadas al personal docente, se desprende que las personas ciegas o con baja visión, sordas o sordas ciegas, se enfrentan a barreras en la comunicación al adecuarse al sistema, esto por cuanto en zonas alejadas las visitas de las docentes itinerantes se realizan una vez por semana.

En el tema del material didáctico para mejorar la comunicación de las personas con discapacidad intelectual, el personal docente entrevistado indica que existe una partida que manejan las Juntas de Educación o Administrativas utilizada para la compra de materiales. Se observó instituciones con tecnologías como computadoras, pizarras electrónicas, pantallas y sistemas auditivos que son muy utilizados en los centros educativos, pero en otras muchas veces, son comprados por los mismos funcionarios/as.

Oficina de Comunicación Defensoría de los Habitantes