En un oficio enviado al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank; la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, pidió a las y los diputados que, el Proyecto de Ley que finalmente sea dictaminado, se caracterice por cumplir, entre otras cosas, con la legitimidad social, representatividad; claridad, transparencia, inclusividad, ser fiscalizable y que sea participativo; a efectos de cumplir con los estándares democráticos que exige nuestro Estado de Derecho.

La Defensora llamó la atención que el texto del proyecto, actualmente en discusión, se asienta, monolíticamente, en el “empleo público”, cuando también su principal razón de ser debió haber sido la transformación de las instituciones estatales bajo parámetros de servicio público en favor de las y los habitantes. Para Catalina Crespo resulta indispensable incluir fórmulas de participación civil que permitan a la gente participar en el diseño, monitoreo y seguimiento de los PAOS Institucionales (Programas Anuales Operativos) a través de los cuales se gobierna y planifica el devenir de las instituciones, a efectos de que éstas respondan a las demandas de la gente y satisfazgan las altas exigencias de las personas usuarias.

“Este proyecto de Ley abre una oportunidad histórica para fomentar la participación directa de las y los habitantes, en los espacios formales de toma de decisión de las instituciones, a efectos de potenciar este diálogo democrático entre el funcionariado para con su público”, manifestó la Defensora en su misiva.

Asimismo, la Defensora invita a reflexionar “para que éste importante esfuerzo-país no se limite, única y exclusivamente, al tema del “empleo público”; ya que constituye una oportunidad histórica para la transformación de los servicios públicos en favor de las y los habitantes”. Por ello, en criterio de la Defensoría, el Proyecto de Ley debió haber sido conceptualizado, desde sus inicios, como una “Ley de Modernización del Servicio Público en pro de las personas usuarias”.

Considera la Defensora, Catalina Crespo, que más allá de la determinación del salario de los empleados públicos y su nivel de cobertura (bajo parámetros de equidad que no incurran en la injusticia de otorgar un trato igual a los desiguales; y, un trato desigual a los iguales); las y los señores diputados, tuvieron y hoy en día tienen, la oportunidad histórica de transformar no solo el empleo, sino también, (lo cual es más importante y estratégico para el devenir de nuestra sociedad democrática), el servicio público más allá de esquemas burocráticos. Por lo cual instó a la Asamblea Legislativa a encarar el reto democrático que comporta la conversión de la institucionalidad pública en favor de las personas, adoptando de manera real y efectiva: la simplificación y abaratamiento de todo trámite que acompañan cualquier gestión pública; la adopción plena del Gobierno Digital en el corazón mismo del Estado costarricense; además de ubicar al habitante-usuario como eje central del “Servicio Público” mediante su participación en los espacios de gobernanza y de ahí a su concurso en la definición de las Políticas Públicas y de los PAOS, de todas y cada una de las instituciones.

“Un Estado para la Gente, en que su institucionalidad pública sea un punto de convergencia entre el funcionariado y la ciudadanía, es un requerimiento para la transformación de nuestro modelo de gobernanza pública bajo el precepto de que los retos de la democracia, se atienden y resuelven, con más democracia y más participación de las y los Habitantes”, dijo la Defensora, Catalina Crespo.